Santa Cruz de Tenerife blinda el Monumento a Franco para evitar su retirada por Memoria Democrática
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado los trámites para otorgar protección integral al Monumento a Franco, desafiando la orden del Ministerio de Memoria Democrática que exige su retirada.
La reciente determinación del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife de elevar el estatus de protección del Monumento a Franco a la categoría de protección integral abre un nuevo frente de fricción institucional entre la administración local y el Ministerio de Memoria Democrática. Tal y como ha trascendido este lunes, el consistorio, bajo la dirección de José Manuel Bermúdez, ha iniciado los trámites para blindar la escultura bajo el argumento de sus supuestos méritos estéticos, una maniobra que busca paralizar la orden ministerial que instaba a su retirada en un plazo de seis meses.
Este movimiento estratégico se produce tras una sesión del Consejo Municipal de Patrimonio Histórico, donde se ha constatado una convergencia de pareceres entre las distintas administraciones representadas —incluyendo el Ejecutivo regional, el Cabildo insular y la Universidad de La Laguna—. El trasfondo de esta decisión radica en la reciente negativa del área de Patrimonio del Gobierno de Canarias a otorgar al conjunto la figura de Bien de Interés Cultural (BIC), el máximo grado de protección autonómica. Ante este escenario, el equipo de gobierno municipal sostiene que la apertura de un expediente de protección local debería operar como una medida cautelar automática, impidiendo cualquier intervención física sobre la pieza mientras se dirime su valor patrimonial.
La controversia se enmarca en la compleja aplicación de la Ley de Memoria Democrática, que establece la obligatoriedad de retirar elementos que exalten la sublevación militar o la dictadura. La postura del Ayuntamiento tinerfeño, al invocar criterios de preservación artística para evitar el cumplimiento de la normativa estatal, pone a prueba los límites de las competencias municipales frente a la legislación nacional. La resolución de este conflicto no solo determinará el futuro de este enclave específico, sino que sienta un precedente sobre cómo las administraciones locales pueden utilizar las herramientas de catalogación patrimonial para gestionar los vestigios del pasado reciente en el espacio público.