Santa Cruz de Tenerife lanza la sexta edición de sus bonos al consumo con una inversión de 220.000 euros
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife lanza la sexta edición de sus bonos al consumo con una inversión de 220.000 euros para dinamizar el comercio local y aliviar la economía de las familias.
Tal y como recoge el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, la administración local ha puesto en marcha la sexta entrega de su programa de bonos al consumo, una estrategia de dinamización económica que busca mitigar el impacto de la inflación en las economías domésticas al tiempo que estimula la actividad de las pequeñas y medianas empresas. Esta intervención, articulada mediante la Sociedad de Desarrollo y en coordinación con la Federación de Áreas Urbanas de Canarias (FAUCA), supone un desembolso de fondos públicos superior a los 220.000 euros, con el objetivo de generar un impacto indirecto en el sector servicios y comercial de la capital tinerfeña que se estima en 520.000 euros.
El modelo, que ha consolidado su eficacia desde su irrupción en 2021 como respuesta a la coyuntura de crisis sanitaria, ha logrado movilizar un volumen de negocio acumulado de cuatro millones de euros en el municipio. La presente edición introduce un ajuste relevante en la política de subvenciones: el consistorio asume ahora el 40% del coste de los vales ordinarios, una medida diseñada para maximizar el ahorro directo de las familias en un periodo marcado por los gastos asociados al inicio del curso escolar.
La operativa contempla la emisión de 20.800 bonos, estructurados en dos categorías para fomentar el gasto tanto en jornadas laborales como en fines de semana. Con el fin de asegurar la capilaridad de la ayuda en todo el término municipal, se ha establecido una distribución geográfica inicial de los 16.000 bonos ordinarios: el distrito Centro-Ifara encabeza la asignación con 7.500 unidades, seguido por Salud-La Salle (4.400), Suroeste (2.200), Ofra-Costa Sur (1.500) y Anaga (400). No obstante, la gestión municipal ha previsto mecanismos de flexibilidad para reasignar estos recursos en función de la demanda real que se registre en cada zona.
Este formato de colaboración público-privada, que ha servido de referencia para otros municipios del Archipiélago, se presenta como una herramienta de política económica local orientada a sostener el tejido de autónomos y pymes. Según la valoración de los responsables municipales, la iniciativa no solo actúa como un alivio coyuntural para los ciudadanos, sino que refuerza la resiliencia del comercio de proximidad frente a los ciclos de consumo estacionales.