Santa Cruz de Tenerife inicia el proceso para implantar su Zona de Bajas Emisiones en 2029
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado la exposición pública de la ordenanza para su futura Zona de Bajas Emisiones, que restringirá el acceso a los vehículos más contaminantes en el centro de la ciudad a partir de 2029.
La capital tinerfeña se prepara para una transformación estructural en su movilidad urbana. Tal y como recoge la documentación técnica publicada recientemente en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado el proceso de exposición pública de la ordenanza que regulará su futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), un proyecto cuya puesta en marcha está fijada para 2029. Esta iniciativa, financiada en su mayor parte por fondos europeos —con una inversión superior a los 1,4 millones de euros, de los cuales 1,2 millones provienen de la Unión Europea—, busca alinear a la ciudad con las directrices comunitarias de sostenibilidad ambiental y reducción de la contaminación acústica.
El diseño de la normativa contempla un despliegue escalonado para suavizar la transición hacia este nuevo modelo de circulación. Durante los primeros 36 meses de vigencia, el consistorio ha previsto un periodo de gracia en el que no se aplicarán sanciones económicas, aunque sí se realizarán notificaciones informativas a partir del decimoctavo mes. Superada esta fase de adaptación, el régimen sancionador entrará en vigor con multas base de 200 euros, las cuales podrían incrementarse un 30% en supuestos de reincidencia.
El perímetro afectado, que abarca el área delimitada por el barranco de Santos, la avenida de Anaga y las calles Méndez Núñez y San Isidro, restringirá el acceso a los vehículos más contaminantes —aquellos de gasolina matriculados antes de 2001 y diésel anteriores a 2006— durante la franja horaria de 7:00 a 20:00, de lunes a sábado. La vigilancia se apoyará en una infraestructura tecnológica basada en cámaras de reconocimiento óptico de caracteres (OCR). No obstante, el texto normativo incluye un catálogo de excepciones para garantizar la operatividad de servicios esenciales y la movilidad de colectivos vulnerables. Entre los beneficiarios de estas autorizaciones gratuitas se encuentran personas con ingresos limitados —inferiores a dos veces el IPREM—, cuidadores de dependientes residentes en la zona, así como vehículos que necesiten acceder a garajes, talleres, farmacias o centros médicos, previa inscripción en un registro electrónico municipal.
El análisis de impacto previo realizado por el Plan de Movilidad arroja luz sobre la magnitud del cambio: de los 26.600 vehículos que transitan diariamente por el área, una parte significativa carece de distintivo ambiental. Las proyecciones municipales estiman que, tras una década de aplicación, la presencia de estos vehículos contaminantes se reducirá entre un 1% y un 5% según el perfil del conductor. Este escenario subraya la importancia de las medidas de flexibilidad introducidas, como las autorizaciones temporales para residentes basadas en el etiquetado, que buscan mitigar el impacto económico sobre las familias y el tejido empresarial local, asegurando que la transición hacia una ciudad más sostenible no comprometa la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas que operan en el centro.