Santa Cruz de Tenerife proyecta la plena operatividad de su Zona de Bajas Emisiones para 2029
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado el proceso para implementar una Zona de Bajas Emisiones en su núcleo urbano, cuya operatividad plena está prevista para 2029 con el objetivo de reducir la contaminación y fomentar la movilidad sostenible.
La capital tinerfeña ha iniciado formalmente el camino administrativo para restringir la circulación de los vehículos más contaminantes en su núcleo urbano. Tal y como ha trascendido a través de la documentación municipal, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha proyectado un calendario de implementación dilatado que sitúa la operatividad plena de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en el horizonte de 2029.
Este plan, que cuenta con una inyección de 12 millones de euros procedentes de los fondos europeos Next Generation, trasciende la mera limitación del tráfico. La estrategia local integra una renovación de la flota de transporte público con la incorporación de once guaguas eléctricas, la adecuación de infraestructuras viarias en puntos estratégicos como las calles Imeldo Serís y La Rosa, y la habilitación de nuevas áreas para la movilidad personal.
El borrador de la ordenanza, que será sometido a debate en el pleno municipal tras su aprobación inicial por la Junta de Gobierno, establece un régimen de transición diseñado para minimizar el impacto en el tejido social y económico. Según las previsiones del equipo de gobierno, se ha estipulado un periodo de carencia de 18 meses para el registro de vehículos y de hasta tres años para la entrada en vigor del régimen sancionador. Esta flexibilidad busca, en palabras de los responsables municipales, facilitar la adaptación de los residentes y sectores afectados, integrando además un sistema de excepciones para vehículos de residentes y otros supuestos específicos que deberán formalizarse mediante inscripción previa.
Desde una perspectiva técnica, la zona delimitada abarca el perímetro comprendido entre el barranco de Santos, la avenida de Anaga y las calles Méndez Núñez y San Isidro. En este espacio, el control se ejercerá mediante un despliegue de sensores y cámaras de vigilancia. Las restricciones operarán en horario diurno, de lunes a sábado, afectando exclusivamente a los turismos de gasolina anteriores a 2001 y a los diésel matriculados antes de 2006. Por el contrario, el acceso permanecerá libre para bicicletas, vehículos de movilidad personal (VMP) y aquellos automóviles que cuenten con distintivos ambientales 0, ECO, C o B.
La medida responde a la necesidad de cumplir con la normativa estatal de movilidad sostenible, un marco regulatorio que obliga a los municipios de gran población a implementar estas áreas para mitigar la huella de carbono y mejorar los índices de calidad del aire. La concejalía de Movilidad ha subrayado que el diseño de esta norma es el resultado de un proceso de consulta con agentes sociales y vecinales, buscando un equilibrio entre la exigencia legal de reducir la contaminación acústica y atmosférica y la realidad operativa de la movilidad en la capital. El proceso administrativo continuará ahora con una fase de exposición pública de un mes, durante la cual se podrán presentar alegaciones antes de la ratificación definitiva del texto.