
Santa Cruz de Tenerife inicia el trámite ambiental para transformar el litoral de Añaza con el proyecto La Mareta
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado el trámite de evaluación ambiental para el proyecto de recuperación del litoral de Añaza, una obra de 16 millones de euros que busca transformar la zona en un espacio de ocio con piscinas naturales y playas.
La recuperación del litoral del distrito Suroeste de Santa Cruz de Tenerife ha superado un trámite administrativo clave, según informa el Boletín Oficial de la Provincia (BOP). El Ayuntamiento capitalino ha iniciado formalmente el procedimiento de evaluación de impacto ambiental simplificada para el proyecto conocido como La Mareta, una intervención que pretende reconvertir el frente costero del barrio de Añaza en un área de esparcimiento público.
Este movimiento institucional, ratificado por la Comisión Municipal de Evaluación Ambiental el pasado 5 de noviembre, marca el comienzo de un periodo de consulta pública de 20 días. Durante este lapso, tanto las administraciones con competencias en la materia como los ciudadanos interesados podrán presentar sus alegaciones al documento ambiental, un paso necesario para garantizar la viabilidad técnica y legal de una obra que ya cuenta con el beneplácito de la Dirección General de Costas del Gobierno de Canarias.
La envergadura de la propuesta, presupuestada en 16 millones de euros, responde a una demanda histórica de los residentes del Suroeste por ganar espacios de baño y ocio en una zona caracterizada por su pasado industrial y logístico. El diseño técnico contempla la creación de una piscina natural —o "charco"— frente a la explanada del muelle, además de la habilitación de una playa, instalaciones deportivas y servicios de restauración. La intervención busca, en esencia, la regeneración de la plataforma costera entre Añaza y Acorán, integrando el entorno marino en la trama urbana.
Más allá de la transformación física del litoral, el proyecto se enmarca en una tendencia creciente de las administraciones locales canarias por recuperar el acceso público al mar en zonas que, durante décadas, permanecieron aisladas o degradadas. La viabilidad de esta obra no solo depende de la inversión económica, sino de la superación de los estrictos controles ambientales que exige la normativa vigente, un proceso que ahora entra en su fase de fiscalización pública para asegurar que la intervención sea compatible con la protección del ecosistema marino y la seguridad de los futuros usuarios.