Santa Cruz de Tenerife activa un plan de choque para agilizar las ayudas sociales

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha activado un plan de choque para acelerar la resolución de las Prestaciones Económicas de Asistencia Social (PEAS), una medida que, según ha informado el propio Consistorio, busca reducir los tiempos de espera en la concesión de ayudas a los colectivos más desfavorecidos. Esta intervención administrativa se produce en un momento de transición institucional, marcado por la reciente absorción de las competencias del extinto Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) dentro de la estructura general del Ayuntamiento, un cambio que ha obligado a rediseñar los circuitos de fiscalización y gestión de expedientes.

El dispositivo, que estará operativo inicialmente hasta el 31 de julio, contempla la posibilidad de prorrogarse durante los meses de agosto y septiembre dependiendo de la evolución de la carga de trabajo. Para ello, se han constituido dos grupos de trabajo integrados por personal administrativo y gestores, quienes realizarán jornadas extraordinarias de hasta tres horas diarias, tres días a la semana, combinando el trabajo presencial con el teletrabajo. La eficiencia del sistema se medirá mediante indicadores de productividad que exigen una tramitación mínima de cuatro expedientes por hora y la fiscalización de entre seis y ocho casos en el mismo intervalo temporal.

Desde el equipo de gobierno, el alcalde José Manuel Bermúdez ha subrayado la importancia de optimizar la capacidad operativa municipal para dar respuesta a un sistema de ayudas que, según datos oficiales, alcanzó las 75.000 gestiones durante el pasado año. Por su parte, la concejala del área, Charín González, ha enfatizado que el objetivo es agilizar la resolución de los expedientes pendientes, garantizando que la asistencia llegue con mayor celeridad a las familias que lo requieren.

Esta iniciativa se enmarca en el contexto de la nueva ordenanza reguladora de las PEAS, aprobada el pasado mes de abril, la cual introdujo modificaciones sustanciales en el catálogo de servicios. Entre las novedades más destacadas de esta normativa se encuentra la creación de una ayuda específica para el servicio de asistencia a domicilio, que permite una cobertura de hasta 60 horas mensuales y establece un límite máximo de 15.674 euros anuales por unidad familiar. La puesta en marcha de este refuerzo administrativo busca, en última instancia, consolidar la eficacia de estos nuevos mecanismos de protección social frente a la creciente demanda ciudadana.