Tensión laboral en Santa Cruz de Tenerife por la reestructuración del Servicio de Ayuda a Domicilio
La reestructuración del Servicio de Ayuda a Domicilio en Santa Cruz de Tenerife ha provocado un fuerte rechazo sindical ante el temor de que el nuevo modelo de gestión directa y prestaciones económicas derive en inestabilidad laboral y despidos para las 300 trabajadoras del sector.
La reestructuración del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) en Santa Cruz de Tenerife ha generado un clima de incertidumbre laboral y tensión institucional. Tal y como ha trascendido a través de las informaciones publicadas recientemente, el Ayuntamiento capitalino, bajo la dirección de la concejalía de Políticas Sociales, se dispone a someter a votación plenaria un cambio en el modelo de prestación que ha sido recibido con profundo malestar por la plantilla de auxiliares.
El núcleo de la controversia reside en la implementación de un sistema dual que entrará en vigor a mediados de mayo. Este esquema permitirá a los usuarios dependientes elegir entre el modelo de gestión directa —mediante contrato entre la administración y la empresa adjudicataria— o la adopción de una Prestación Económica de Asistencia Social (PEAS). Esta última modalidad, dotada con una cuantía de 16.000 euros anuales por beneficiario y un coste de 22 euros por hora, supone un cambio de paradigma al permitir que sea el propio usuario quien gestione el pago indirecto a la entidad de su elección, dentro de la bolsa autorizada por el Gobierno autonómico.
La representación sindical, compuesta por USO, Comisiones Obreras e Intersindical Canaria, ha denunciado una falta total de interlocución por parte del Consistorio. El comité de empresa sostiene que la ausencia de canales de comunicación oficiales ha dejado a las cerca de 300 trabajadoras de la actual adjudicataria, Atende, en una situación de vulnerabilidad, ante el temor de que la libre elección de empresa por parte de los usuarios derive en una reducción drástica de la carga de trabajo y, consecuentemente, en despidos. Asimismo, los sindicatos han advertido sobre las posibles repercusiones fiscales para los 1.400 usuarios actuales y los 50 en lista de espera, quienes, según los representantes de los trabajadores, no habrían sido debidamente informados sobre la obligación de declarar estas ayudas ante la Agencia Tributaria.
Este conflicto se enmarca en una situación financiera previa ya tensionada. La empresa concesionaria mantiene un litigio por impagos con el Ayuntamiento, cuya deuda acumulada alcanzó los 9 millones de euros. Si bien el Consistorio ha autorizado recientemente el abono de 6 millones, la persistencia de un remanente de 3 millones sin liquidar sigue afectando a la estabilidad salarial de la plantilla.
A la preocupación por la estabilidad laboral se suma una disputa competencial de fondo. El comité de empresa ha rechazado frontalmente la inclusión de tareas de limpieza dentro de las funciones de las auxiliares, subrayando su carácter de personal sociosanitario. Este punto, que ya ha sido objeto de denuncias ante la Diputación del Común y se encuentra en sede judicial, añade un elemento de fricción adicional a la relación entre el equipo de gobierno y las trabajadoras. Ante este escenario, la representación legal de la plantilla ha convocado una reunión con la empresa para el próximo 14 de mayo, con el objetivo de clarificar el impacto real de este nuevo modelo de gestión sobre el futuro del servicio y la seguridad laboral de sus integrantes.