Santa Cruz de Tenerife sanciona a la adjudicataria de parques y jardines por irregularidades en la plantilla
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife sanciona con 30.000 euros a la concesionaria de parques y jardines por irregularidades en la plantilla, mientras el pleno municipal debate la gestión de la rehabilitación urbana en los bloques de Somosierra.
La gestión de los servicios públicos en Santa Cruz de Tenerife se encuentra bajo un intenso escrutinio tras revelarse irregularidades en la relación contractual con la UTE formada por Acciona y Fomento. Según ha trascendido en la reciente comisión de control municipal, el Ayuntamiento ha impuesto una sanción de 30.000 euros a la adjudicataria del mantenimiento de parques y jardines. Esta medida punitiva responde a la entrega de datos inexactos sobre la plantilla, una información que resultó determinante para la frustrada licitación anterior, valorada en 34 millones de euros y anulada tras detectarse un descuadre presupuestario cercano a los 800.000 euros.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha confirmado que el expediente sancionador, calificado como falta muy grave, se activó el pasado mes de marzo. Aunque la empresa ha interpuesto alegaciones que actualmente se encuentran bajo revisión técnica, el Consistorio ya ha iniciado el diseño de un nuevo marco contractual. Este proceso, que incluye una reevaluación económica de las prescripciones técnicas, tiene como objetivo desbloquear la situación antes de que finalice el año. Según las previsiones municipales, el nuevo concurso se publicará entre octubre y noviembre, contemplando un incremento sustancial de la plantilla —de 125 a 220 operarios— y un aumento del 30% en la variedad de especies vegetales.
Más allá de la gestión de zonas verdes, la sesión plenaria evidenció una notable fractura política respecto a la política de vivienda y rehabilitación urbana. La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, ha puesto el foco en la situación de los bloques 24 y 28 de Somosierra, cuya degradación estructural persiste dos décadas después de las inundaciones que afectaron a la capital. El debate se tornó tenso cuando la concejala de Urbanismo, Zaida González, cuestionó la existencia de un informe técnico de 2002 que, según la oposición, vinculaba el deterioro de los inmuebles con el sistema de riego municipal. Mientras el equipo de gobierno sostiene que trabaja en la creación de un marco administrativo que facilite el acceso de los residentes a subvenciones para la rehabilitación, el cruce de acusaciones sobre la transparencia en el registro de la Gerencia de Urbanismo ha dejado patente la falta de consenso sobre la responsabilidad histórica en el mantenimiento de estas edificaciones.