Santa Cruz de Tenerife llevará a los tribunales la orden de retirar el monumento a La Victoria

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha decidido judicializar el conflicto abierto con el Ministerio de Memoria Democrática a raíz de la orden ministerial que exige la retirada del monumento a La Victoria, ubicado en la avenida de Anaga, antes de febrero de 2027. Tal y como ha avanzado Diario de Avisos, el equipo de gobierno local presentará un recurso contencioso-administrativo antes de que concluya el presente mes de noviembre, solicitando además medidas cautelares para evitar cualquier intervención física sobre la estructura hasta que exista una resolución judicial firme.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha justificado esta estrategia legal bajo el argumento de la preservación del patrimonio municipal. Según el regidor, el Consistorio sostiene que la obra, esculpida por Juan de Ávalos, posee valores artísticos que permitirían su inclusión en el catálogo patrimonial de la ciudad, una vía que, a su juicio, no contraviene la normativa estatal vigente. La defensa municipal se apoya en la premisa de que la titularidad pública del bien faculta al Ayuntamiento para proteger elementos que, aun siendo vestigios del periodo franquista, puedan ser catalogados por su relevancia estética o histórica.

Esta maniobra legal busca, en última instancia, paralizar la ejecución de la orden ministerial, alegando que una retirada prematura podría causar daños irreversibles en la integridad de la pieza. Bermúdez ha rechazado las críticas sobre el uso de fondos públicos para este litigio, aclarando que la labor jurídica está siendo desempeñada por los funcionarios de la casa, sin recurrir a contrataciones externas extraordinarias.

El trasfondo de esta disputa pone de manifiesto una tensión competencial y política sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. El alcalde ha cuestionado la focalización del Ministerio, dirigido por Víctor Ángel Torres, sobre este enclave específico, sugiriendo una posible arbitrariedad en comparación con otros elementos presentes en el archipiélago. Asimismo, el regidor ha recordado que intentos previos de catalogación por parte de administraciones anteriores fueron anulados por los tribunales, lo que añade una capa de complejidad jurídica a un proceso que ahora deberá dirimirse en la vía contenciosa.

La postura del Ayuntamiento se aleja de la confrontación ideológica directa, centrándose en una interpretación técnica de la ley que permita la conservación del monumento bajo el paraguas de la protección patrimonial. Mientras el Ministerio mantiene su exigencia de cumplimiento, el Consistorio capitalino se prepara para una batalla judicial en la que el valor artístico de la obra será el eje central de su argumentación para evitar su desmantelamiento.