Polémica en Santa Cruz de Tenerife por la gestión de los servicios públicos y la financiación de residuos
El PSOE cuestiona en Santa Cruz de Tenerife la legalidad de la financiación municipal de vehículos de limpieza y la ejecución de inversiones en el servicio de aguas, mientras el gobierno local defiende su gestión y anuncia la municipalización del aparcamiento de la plaza de España para 2027.
La gestión de los servicios públicos en Santa Cruz de Tenerife se encuentra bajo un intenso escrutinio tras las revelaciones surgidas en la última comisión de control municipal. Tal y como ha trascendido en la información publicada por medios locales, el grupo socialista ha puesto en duda la legalidad de la financiación de vehículos destinados a la recogida de residuos, señalando una posible contradicción entre las obligaciones contractuales de la empresa concesionaria, Valoriza, y el uso de fondos públicos para sufragar activos que, según el pliego de condiciones, deberían haber sido aportados por la propia mercantil.
La portavoz del PSOE, Patricia Hernández, ha fundamentado sus críticas en un informe técnico del pasado mes de julio. Según esta documentación, el Ayuntamiento habría recurrido a modificaciones presupuestarias para adquirir dos camiones que ya operaban en el municipio, una maniobra que, a juicio de la oposición, contraviene los dictámenes de los servicios jurídicos y de intervención. Por su parte, el concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha desestimado estas acusaciones calificándolas de estrategia política. El edil ha defendido la legalidad del procedimiento, argumentando que la adquisición se enmarca en una convocatoria de fondos europeos para la implementación del contenedor marrón, y ha justificado la puesta en marcha anticipada de los vehículos por exigencias de garantía técnica del fabricante.
Este enfrentamiento político se produce en un contexto de creciente malestar ciudadano por la calidad de la limpieza urbana y la proliferación de plagas, una situación que el PSOE vincula directamente con una gestión deficiente de la concesión. A esta controversia se suma el debate sobre el ciclo integral del agua. La oposición ha cuestionado el grado de ejecución de las inversiones comprometidas por Sacyr y Emmasa, señalando que, desde la adjudicación en 2005, solo se habrían materializado 65 de los 165 millones de euros previstos, mientras que la factura del agua ha experimentado un incremento del 24,3% en el último cuatrienio. El equipo de gobierno, en respuesta, ha defendido la eficiencia técnica de la red y ha desglosado una serie de proyectos futuros, entre ellos la ampliación de la capacidad de la desaladora hasta los 48.000 metros cúbicos diarios.
La sesión también sirvió para clarificar el futuro de la movilidad y las infraestructuras en la capital. El Ayuntamiento ha confirmado que el aparcamiento de la plaza de España pasará a ser de gestión pública a partir del 1 de enero de 2027, momento en el que Viviendas Municipales asumirá la titularidad con el objetivo de reducir las tarifas y acometer reformas, como la instalación de un ascensor. Sobre este activo, el Consistorio evalúa actualmente reclamar a la concesionaria actual reparaciones valoradas en más de 3,3 millones de euros. Finalmente, el debate se extendió a la contaminación acústica en la TF-5, donde el ejecutivo local ha asegurado que mantiene negociaciones con el Gobierno de Canarias para la instalación de pantallas protectoras en los tramos más afectados.