
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife blinda el monumento a La Victoria mientras litiga contra su retirada
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado trabajos de mantenimiento en el entorno del monumento a La Victoria mientras mantiene un litigio ante el Tribunal Supremo para evitar su retirada como vestigio franquista.
La reciente intervención en el entorno del monumento a La Victoria, en Santa Cruz de Tenerife, ha vuelto a poner de relieve la compleja gestión de los vestigios de la dictadura en el espacio público. Tal y como recoge el diario El Día, el Ayuntamiento capitalino ha iniciado la instalación de nuevas protecciones perimetrales en la fuente que alberga la escultura de Juan de Ávalos, una actuación que ha suscitado interés ciudadano debido a la naturaleza controvertida de la pieza.
Desde una perspectiva administrativa, esta obra, presupuestada en 9.600 euros, se justifica por el Consistorio como una medida de mantenimiento preventivo. El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha señalado que la sustitución de los elementos de seguridad deteriorados responde a la necesidad de salvaguardar el tránsito peatonal en una zona de alta afluencia, especialmente de menores.
No obstante, esta adecuación del mobiliario urbano se produce en un escenario de tensión jurídica y política. El Ministerio de Memoria Democrática ha catalogado formalmente la obra como un vestigio franquista, estableciendo un horizonte temporal que expira en febrero de 2027 para su retirada definitiva de la vía pública. Esta directriz estatal se encuentra actualmente en fase de litigio, toda vez que el gobierno municipal ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo para frenar la ejecución de dicha orden.
El caso de este monumento, uno de los últimos de gran formato que permanecen en el callejero español, ilustra la fricción entre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y la autonomía local en la gestión de su patrimonio. Mientras el alto tribunal dirime la controversia sobre la permanencia o el desmantelamiento de la escultura, el Ayuntamiento opta por realizar inversiones de conservación en el entorno, manteniendo el debate abierto sobre el cumplimiento de la normativa estatal en materia de simbología histórica.