Santa Cruz de Tenerife: la gestión del sinhogarismo choca con la percepción ciudadana de inseguridad
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife defiende la eficacia de sus programas tras lograr que 86 personas abandonen la situación de calle, pese a la persistente percepción ciudadana de inseguridad y la complejidad que suponen los casos de salud mental severa.
La gestión del sinhogarismo en Santa Cruz de Tenerife se encuentra en una encrucijada donde los indicadores cuantitativos chocan frontalmente con la percepción social de inseguridad y desamparo. Según los datos expuestos por la concejala de Políticas Sociales, Charín González, durante la reciente comisión de control municipal, un total de 86 personas han logrado abandonar su situación de calle en lo que va de año. De este grupo, 51 individuos han accedido a recursos habitacionales estables —incluyendo el modelo Housing Led, centros de acogida y pisos supervisados—, mientras que otros 35 han sido trasladados desde asentamientos informales a instalaciones municipales.
A pesar de estas cifras, que el equipo de gobierno esgrime como prueba de la eficacia de sus programas, existe una brecha evidente entre la estadística y la realidad que percibe la ciudadanía. La edil reconoció que, aunque el volumen de personas sin hogar ha disminuido respecto al ejercicio anterior, la visibilidad de perfiles con patologías de salud mental severas —cuya intervención requiere una complejidad técnica y jurídica superior— mantiene una sensación de desatención en las calles.
El debate político, impulsado por una comparecencia solicitada por el PSOE, puso de manifiesto las limitaciones competenciales del Ayuntamiento. González subrayó que la administración local carece de potestad para intervenir de forma coercitiva en casos críticos sin el aval previo de la Fiscalía, lo que obliga a una coordinación interadministrativa más estrecha con el Servicio Canario de la Salud, el Cabildo y el Gobierno regional. Por su parte, la portavoz socialista, Patricia Hernández, advirtió sobre el peligro de que las políticas públicas deriven en una limitación de derechos fundamentales, enfatizando que la erradicación de la pobreza no debe confundirse con la gestión punitiva de quienes la padecen.
El Ayuntamiento defiende su posición como el municipio que mayor inversión destina a esta problemática, citando como ejemplo la reducción drástica del asentamiento de Pancho Camurria. No obstante, el consistorio admite que la aporofobia y los conflictos de convivencia en ciertos barrios siguen siendo un reto pendiente que requiere un enfoque integral, más allá de la mera provisión de plazas residenciales.
En paralelo a esta problemática, la sesión también abordó la inquietud vecinal por la seguridad en el barrio de Somosierra tras los incidentes vandálicos registrados en verano. Ante las críticas de la oposición por la interrupción de los dispositivos preventivos, la concejala Gladis de León garantizó la continuidad de las labores de vigilancia y depositó sus expectativas en la próxima operatividad de la Unidad de Intervención Policial (Unipol) antes de finalizar el año, confiando en que este despliegue logre restaurar la tranquilidad en la zona.