Santa Cruz de Tenerife afronta dificultades técnicas y una subida del 50% en la tasa de basuras
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife afronta dificultades técnicas y administrativas en la recaudación de la tasa de basuras, que sube un 50% para cumplir con la normativa estatal de residuos.
La reciente puesta en marcha del segundo periodo de recaudación tributaria en Santa Cruz de Tenerife, tal y como ha trascendido en los últimos días, pone de manifiesto las dificultades técnicas y administrativas que está suponiendo para el Consistorio la adaptación a la normativa estatal de residuos. Este proceso, que se extenderá hasta el 23 de noviembre, abarca tanto el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) como la tasa de basuras, esta última marcada por un incremento del 50% en su cuantía.
El contexto de esta subida se encuentra en la Ley 7/2022, de residuos y suelos contaminados para una economía circular. Esta legislación nacional impone a los ayuntamientos la obligación de repercutir el coste real del servicio de gestión de residuos sobre los contribuyentes, eliminando la posibilidad de que el déficit del servicio sea cubierto por las arcas municipales. En el caso de la capital tinerfeña, este cambio normativo ha obligado a rediseñar el sistema de cálculo, integrando variables como el valor catastral de los inmuebles y la densidad de empadronamiento, lo que genera una mayor heterogeneidad en los recibos finales.
La gestión de este tributo ha estado rodeada de controversia debido a una incidencia informática en la concejalía de Hacienda. Según la información facilitada por el edil del área, José Alberto Díaz Estébanez, un error en la configuración del sistema provocó que se enviaran notificaciones de liquidación cuando el objetivo era remitir comunicaciones meramente informativas. A pesar de este fallo, el municipio ha logrado recaudar seis millones de euros hasta el 1 de septiembre, lo que representa aproximadamente el 35,37% del padrón total. El responsable municipal ha justificado la complejidad del proceso alegando la necesidad de configurar desde cero una herramienta técnica capaz de gestionar los nuevos criterios tarifarios.
Para mitigar el impacto económico de este ajuste, que se estima elevará la recaudación total por este concepto hasta los 15,7 millones de euros —un incremento cercano al 60%—, el Ayuntamiento ha diseñado un calendario específico para los hogares. Las notificaciones de liquidación para particulares comenzarán a distribuirse a partir del 20 de septiembre, ya sea por vía postal o mediante la sede electrónica. Esta demora en el cobro a las familias fue una decisión deliberada del equipo de gobierno para ofrecer un mayor margen de maniobra a los contribuyentes ante el aumento de la presión fiscal.
De cara al futuro, el Consistorio ha anunciado la implementación de un sistema de bonificaciones destinado a suavizar la carga impositiva. Estos beneficios fiscales estarán condicionados a factores como la capacidad económica de las unidades familiares, la proximidad de los domicilios a los puntos de recogida, el uso de los contenedores orgánicos y la tipología de uso de los inmuebles, elementos que buscan equilibrar la obligatoriedad de la ley estatal con la realidad socioeconómica de los ciudadanos.