Santa Cruz de Tenerife aplaza el cobro de la tasa de residuos para aliviar la carga fiscal de las familias

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un proceso de notificación masiva para el cobro de la tasa de residuos, una medida que, según ha comunicado el propio consistorio, busca flexibilizar el calendario fiscal ante el impacto que el nuevo sistema de cálculo ha generado en la economía de las familias. Esta modificación, que traslada el abono de este tributo al segundo periodo de recaudación —tradicionalmente reservado a las empresas—, responde a la necesidad de adaptar la gestión municipal a la Ley 7/2022 de residuos y suelos contaminados, una normativa de ámbito estatal que impone un cambio estructural en la financiación de este servicio público.

La operativa de notificación, que se activará este domingo, contempla un despliegue híbrido. Por un lado, los contribuyentes podrán acceder a la documentación a través de la Sede Electrónica municipal, donde la firma digital permitirá validar la recepción y activar el inicio del periodo voluntario de pago. De forma complementaria, el Ayuntamiento ha previsto el envío postal de aproximadamente 65.000 cartas de pago, un proceso que se ejecutará de manera escalonada. Es fundamental subrayar que, ante la coexistencia de ambos canales, el plazo de abono comenzará a computar desde el momento en que el ciudadano acceda a la notificación por cualquiera de las dos vías, siendo la primera de ellas la que marque el inicio del periodo legal.

El concejal de Hacienda, José Alberto Díaz-Estébanez, ha incidido en la importancia de que cada contribuyente verifique la fecha específica que figure en su documento de pago, dado que el calendario no es uniforme para todo el censo. Asimismo, el responsable municipal ha aclarado que, durante este ejercicio, no se aplicarán las bonificaciones del 5% vinculadas a la domiciliación bancaria, un mecanismo que no entrará en vigor hasta 2027. Por tanto, los ciudadanos deberán gestionar el pago mediante los canales habilitados en la propia notificación, ya sea presencialmente en las Oficinas de Información y Atención a la Ciudadanía (OIAC) o a través de los sistemas telemáticos dispuestos por la administración local.

Este ajuste en el calendario fiscal, que sitúa el periodo de pago voluntario entre el 15 de septiembre y el 23 de noviembre de 2026, refleja la complejidad de implementar una normativa europea y estatal que obliga a los municipios a repercutir el coste real del servicio. El nuevo modelo de cálculo, que integra variables como el valor catastral del inmueble y el número de residentes empadronados, ha supuesto un incremento en la carga impositiva para muchos hogares, motivo por el cual el alcalde, José Manuel Bermúdez, ha justificado este aplazamiento como una medida de alivio para facilitar la organización financiera de los contribuyentes ante una obligación tributaria que, hasta la fecha, se integraba habitualmente en el primer semestre del año junto al IBI y otros impuestos locales.