La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife suspende los servicios extraordinarios y pone en riesgo los eventos públicos
La Policía Local de Santa Cruz de Tenerife suspende de forma indefinida los servicios extraordinarios ante el bloqueo en la negociación de su reclasificación profesional, poniendo en riesgo la celebración de eventos públicos en la capital.
La operatividad de los eventos públicos en Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a una incertidumbre sin precedentes tras la decisión de la plantilla de la Policía Local de suspender de manera indefinida su participación en servicios extraordinarios. Según ha trascendido en las últimas horas, el colectivo ha optado por limitar su actividad estrictamente a la jornada laboral ordinaria, una medida de presión que amenaza con desarticular la logística de conciertos, festejos y dispositivos especiales en la capital tinerfeña.
El origen de este conflicto radica en un bloqueo prolongado en las negociaciones sobre la Relación de Puestos de Trabajo (RPT). La representación sindical —integrada por Asipal, CC.OO., Intersindical Canaria y UGT— sostiene que el Ayuntamiento ha incumplido reiteradamente los compromisos adquiridos, lo que ha derivado en un malestar generalizado entre los agentes. El punto de fricción principal es la reclasificación profesional del cuerpo: los sindicatos demandan una equiparación de categorías y criterios retributivos con otros perfiles técnicos y auxiliares de la administración local. Desde el ámbito policial se ha señalado que el Consistorio cifra en 1,5 millones de euros el impacto presupuestario que supondría atender esta demanda salarial, una cuantía que, hasta la fecha, ha frenado cualquier avance en la mesa de diálogo.
La asamblea de trabajadores, que contó con el respaldo de dos tercios de la plantilla, ha marcado un punto de inflexión en la relación con el equipo de gobierno. Aunque el sindicato CSIF ha optado por desmarcarse de la estrategia de movilización —si bien ha confirmado que respetará el mandato de la mayoría—, el resto de las organizaciones han ratificado su intención de mantener la medida hasta que se produzca una rectificación por parte de la administración.
Por su parte, la concejalía de Seguridad, encabezada por Gladis de León, ha optado por una postura de cautela institucional, apelando a la Mesa Sectorial prevista para esta semana como el foro donde se deberán canalizar estas reclamaciones. La situación pone de manifiesto la fragilidad de los servicios públicos cuando dependen de la voluntariedad de los funcionarios para cubrir necesidades que exceden el horario reglado. Este escenario no solo complica la agenda cultural y social de la ciudad, sino que evidencia una brecha de confianza entre la administración local y uno de sus servicios esenciales, cuya capacidad de respuesta queda ahora supeditada a la resolución de un conflicto laboral que, por el momento, no presenta visos de una solución inmediata.