Santa Cruz de Tenerife descarta que la sentencia contra el Carnaval de Las Palmas afecte a sus fiestas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife descarta que la sentencia judicial contra el Carnaval de Las Palmas afecte a su municipio, defendiendo la singularidad y la planificación histórica de sus festejos frente a las exigencias de reducción de ruido.
La reciente resolución judicial que insta al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a reubicar sus festejos carnavaleros y a compensar económicamente a los residentes afectados por las molestias acústicas de la edición de 2024 ha generado una inmediata reacción en la capital tinerfeña. Tal y como recoge la prensa local, el concejal de Fiestas de Santa Cruz de Tenerife, Javier Caraballero, ha descartado que este precedente legal pueda trasladarse a su municipio, defendiendo la singularidad y el arraigo social de la celebración chicharrera frente a la gestión de su homóloga grancanaria.
El debate jurídico y social se centra en el equilibrio entre el derecho al descanso de los vecinos y la preservación de las tradiciones populares. Mientras que la sentencia contra el Consistorio de Las Palmas subraya la necesidad de implementar un plan que garantice la convivencia y evite que el disfrute colectivo se produzca a expensas de los derechos individuales, la alcaldesa Carolina Darias ha confirmado que el gobierno municipal interpondrá un recurso. Darias ha cuestionado las implicaciones de este fallo, planteando una comparativa con otros eventos de gran calado nacional, como las Fallas o los Sanfermines, cuya viabilidad en entornos urbanos podría verse comprometida bajo criterios similares.
Desde el Ayuntamiento de Santa Cruz, la postura oficial enfatiza una diferencia de modelo. Caraballero sostiene que la estabilidad de su Carnaval radica en una planificación consolidada y en la adopción de medidas correctoras pactadas con los residentes desde 2007, como la restricción horaria de las emisiones sonoras en zonas críticas como el Cuadrilátero. Según el edil, esta integración en el tejido urbano y la historia de resistencia de la fiesta —que sobrevivió incluso durante el periodo dictatorial— otorgan al Carnaval tinerfeño una protección social que, a su juicio, no existe en el caso de Las Palmas, donde la ubicación de los actos ha carecido de una sede permanente y estable.
Este conflicto pone de relieve la creciente tensión entre la gestión de las grandes celebraciones multitudinarias y la normativa sobre contaminación acústica. La justicia exige ahora a la administración grancanaria una solución definitiva que armonice la actividad festiva con la calidad de vida de los ciudadanos, un desafío que, según el responsable de Fiestas de Santa Cruz, no supone una amenaza para su ciudad debido a la legitimidad social y la estructura organizativa que, según afirma, blinda su Carnaval frente a posibles litigios.