El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechaza retirar el monumento a Franco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha rechazado la propuesta del PSOE para retirar el monumento a Franco, argumentando la necesidad de mayor seguridad jurídica y la falta de una catalogación oficial que respalde su desmantelamiento.
La reciente votación en el pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a poner de manifiesto la profunda fractura política en torno a la gestión de los vestigios del pasado dictatorial en España. Según ha trascendido tras la sesión plenaria de este viernes, la corporación municipal ha desestimado la propuesta del grupo socialista para proceder a la retirada inmediata del monumento dedicado a Francisco Franco, una decisión respaldada por la mayoría conformada por Coalición Canaria, Partido Popular y Vox.
El debate, que ha estado marcado por la reciente resolución del Gobierno de Canarias de no otorgar la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC) a este conjunto escultórico, ha evidenciado dos visiones contrapuestas sobre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática. Mientras que la portavoz del PSOE, Patricia Hernández, ha instado a ejecutar el desmantelamiento al considerar agotada la vía administrativa, el equipo de gobierno y los grupos de la oposición han esgrimido una estrategia de cautela jurídica. El alcalde, José Manuel Bermúdez, ha subrayado que, a falta de una certificación oficial tanto del Ejecutivo autonómico como del Ministerio de Memoria Democrática —cuyo expediente estatal sigue en fase de tramitación—, el consistorio no puede actuar sin un catálogo de vestigios vigente, tras la anulación judicial del anterior.
La controversia trasciende la mera gestión administrativa para adentrarse en la interpretación histórica y patrimonial. Los grupos que han votado en contra de la moción han defendido la obra de Juan de Ávalos bajo el argumento de su valor artístico, llegando a citar tasaciones que sitúan el conjunto en una valoración de 50 millones de euros. Asimismo, tanto el PP como Vox han apelado a la biografía del escultor, quien sufrió represalias durante el régimen, para desvincular la pieza de cualquier carga ideológica, calificándola como un "monumento a la paz". Por su parte, el representante de Coalición Canaria ha instado al Ministerio que dirige Ángel Víctor Torres a que sea el Gobierno central quien asuma la responsabilidad directa de una eventual demolición si considera que existen fundamentos legales para ello.
Este episodio en la capital tinerfeña refleja la complejidad de aplicar la normativa de memoria en un contexto donde el valor patrimonial y la interpretación de la simbología pública chocan frontalmente. Mientras el PSOE acusa a sus oponentes de utilizar tecnicismos para dilatar el cumplimiento de la ley, el gobierno local insiste en que cualquier intervención debe estar blindada jurídicamente para evitar nuevos reveses en los tribunales, manteniendo el monumento en un limbo administrativo a la espera de que las instituciones competentes definan, de manera definitiva, su estatus legal.