La justicia avala la Zona de Bajas Emisiones de Santa Cruz de Tenerife
La justicia ha validado la hoja de ruta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para implementar su Zona de Bajas Emisiones, desestimando los recursos presentados por Vox y la asociación El Perenquén contra el proyecto y su licitación tecnológica.
La hoja de ruta del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para restringir el tráfico en su núcleo urbano ha superado un escollo judicial determinante. Según ha trascendido recientemente, el Tribunal de Instancia (Sección Contencioso-Administrativo nº 3) ha validado la estrategia administrativa del Consistorio, desestimando las impugnaciones presentadas tanto por el grupo municipal de Vox como por la asociación vecinal El Perenquén, que buscaban frenar la implementación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la capital tinerfeña.
El conflicto jurídico se centraba en la validez de los pasos previos a la entrada en vigor de la normativa. Por un lado, la formación política cuestionaba la legalidad de establecer perímetros y limitaciones circulatorias basándose únicamente en un proyecto técnico, al considerar que este carecía de la cobertura jurídica necesaria al no existir aún una ordenanza municipal vigente. Sin embargo, la magistrada Cristina Escamilla ha dictaminado que dicho proyecto constituye una pieza esencial y legítima dentro del proceso administrativo, validando la secuencia de actuaciones: desde la aprobación del Plan de Movilidad hasta la actual fase de tramitación de la ordenanza de Tráfico, que ya cuenta con el visto bueno inicial de la Junta de Gobierno.
Paralelamente, el tribunal ha respaldado la licitación del contrato de suministro tecnológico, valorado en 1,4 millones de euros. Este concurso, destinado a la instalación de sensores de calidad del aire, dispositivos de medición acústica y la infraestructura informática necesaria para el control de accesos, fue impugnado por la asociación El Perenquén bajo el argumento de la inexistencia de una ordenanza específica en el momento de la adjudicación. El juez Roi López ha desestimado esta pretensión, al concluir que la ausencia de una norma definitiva no invalida la contratación, dado que el marco de planificación —el proyecto de ZBE y el plan de movilidad— ya estaba consolidado.
Este respaldo judicial permite al Ayuntamiento mantener el calendario previsto, con la previsión de que la ordenanza reciba su ratificación definitiva este verano y la puesta en marcha efectiva del sistema se produzca en 2029. No obstante, la resolución no es firme, ya que ambas partes demandantes conservan la posibilidad de elevar el caso a una instancia superior mediante recursos de apelación. La sentencia impone, además, el pago de las costas procesales a los recurrentes, con un límite de 1.500 euros en el caso de la formación política.
La implantación de estas zonas, obligatoria para los municipios españoles de más de 50.000 habitantes en virtud de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, sigue generando tensiones políticas y sociales en diversos puntos del país. En el caso de Santa Cruz de Tenerife, el aval judicial despeja el horizonte administrativo, aunque el debate sobre el modelo de movilidad y el impacto de las restricciones en la actividad económica local permanece abierto de cara a la implementación final del proyecto.