El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife mejora su eficiencia jurídica y reduce los tiempos de respuesta en el bienio 2024-2025
La Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha optimizado su gestión procesal durante el bienio 2024-2025, logrando una mayor eficiencia administrativa y una alta tasa de resoluciones favorables pese al incremento en la litigiosidad.
La gestión de la litigiosidad en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha experimentado una transformación operativa notable durante el bienio 2024-2025, según los datos de la Asesoría Jurídica municipal a los que ha tenido acceso Diario de Avisos. Este balance no solo ofrece una radiografía de la salud procesal de la institución, sino que pone de relieve el esfuerzo por optimizar la respuesta administrativa ante una carga de trabajo creciente.
El análisis de los expedientes revela que, en el conjunto de los dos ejercicios, la corporación local se vio involucrada en 592 procedimientos judiciales. De este total, el balance de resoluciones arroja un saldo favorable de 282 sentencias frente a 161 desfavorables. Un dato de especial relevancia es la capacidad de resolución extrajudicial: cerca de una cuarta parte de los conflictos se solventaron sin necesidad de llegar a una sentencia firme, ya sea mediante el archivo de las causas, desistimientos o acuerdos, lo que supone un ahorro en términos de costes y tiempos procesales para las arcas públicas.
Al desglosar la actividad por anualidades, se observa una tendencia de consolidación. En 2024, la litigiosidad descendió un 6,93% respecto al ejercicio anterior, con 143 fallos a favor y 89 en contra de un total de 305 resoluciones. Por el contrario, 2025 estuvo marcado por un incremento del 13% en los procedimientos contencioso-administrativos iniciados. Pese a este repunte en la conflictividad, la defensa municipal mantuvo su eficacia, obteniendo 139 resoluciones positivas frente a 72 negativas sobre un total de 287.
Más allá de la cifra de sentencias, el informe subraya una mejora sustancial en la eficiencia interna. La Asesoría Jurídica ha logrado reducir drásticamente los tiempos de respuesta en la emisión de informes: si en 2023 el plazo medio era de 7,99 días, en 2024 se redujo a 2,33 días, manteniéndose en niveles similares durante 2025 (2,24 días). Este incremento en la productividad se produjo incluso en un contexto de reducción de personal, con dos letrados menos en plantilla, y a pesar de que el volumen de informes emitidos creció un 18% en 2024, alcanzando los 482 documentos.
Esta agilidad administrativa se ha visto respaldada por una reorganización interna que incluye la estandarización de criterios, la creación de guías de contratación pública y la actualización del reglamento de la propia Asesoría. Estas medidas buscan anticiparse a la judicialización, un reto constante para el Consistorio, que sigue lidiando con expedientes complejos en áreas sensibles como el urbanismo, la movilidad —donde destaca el impacto de la anulación judicial de la ordenanza que obligó a retirar el carril bici del centro— y la gestión de personal.
En última instancia, el balance refleja una estrategia orientada a la seguridad jurídica. La capacidad de la administración para absorber un mayor volumen de solicitudes, especialmente en materia de responsabilidad patrimonial, sugiere que el Ayuntamiento ha priorizado la calidad técnica de sus informes como herramienta preventiva, tratando de mitigar el impacto de los litigios en la gestión diaria de la capital tinerfeña.