El Ayuntamiento de Santa Cruz intensifica su batalla legal para frenar la retirada del monumento a Franco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha intensificado su estrategia legal para frenar la orden del Gobierno central de retirar el monumento a Franco, tras la negativa de las autoridades autonómicas a otorgarle la protección de Bien de Interés Cultural.
La pugna institucional en torno al monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife ha entrado en una fase de alta complejidad jurídica tras la negativa del Gobierno de Canarias a otorgar la figura de Bien de Interés Cultural (BIC) a la pieza de Juan de Ávalos. Tal y como ha trascendido recientemente, el consistorio tinerfeño, liderado por José Manuel Bermúdez, ha decidido intensificar su estrategia legal para frenar la orden de retirada dictada por el Ministerio de Memoria Democrática, que exige el desmantelamiento del conjunto en un plazo de seis meses al considerarlo un elemento contrario a la normativa estatal vigente.
El Ejecutivo central, bajo la dirección de Ángel Víctor Torres, fundamenta su exigencia en la necesidad de erradicar del espacio público vestigios que exalten la dictadura, una postura respaldada por el Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, que desestimó la protección patrimonial al no hallar valores suficientes que justifiquen su permanencia. Frente a este escenario, el Ayuntamiento ha optado por una triple vía de resistencia. En primer lugar, mantiene activo un recurso de alzada contra la resolución de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, solicitando medidas cautelares ante el riesgo de daños estructurales que, según informes técnicos municipales, podría sufrir tanto la escultura como el Fuerte de Almeyda durante las labores de desmontaje.
En paralelo, el equipo de gobierno local explora la vía contencioso-administrativa para dirimir si la potestad municipal en materia de patrimonio prevalece sobre la directriz estatal. Esta estrategia se complementa con un intento de blindaje a nivel local: el Consejo Municipal de Patrimonio Histórico ha propuesto, por unanimidad, estudiar la inclusión de la obra en el catálogo de protección municipal. Aunque este órgano posee un carácter meramente consultivo, el Ayuntamiento esgrime informes de entidades como la Real Academia Canaria de Bellas Artes y el CICOP para defender que la pieza posee una relevancia urbana y paisajística que trasciende su origen histórico.
El trasfondo de este conflicto refleja la tensión entre la aplicación de la Ley de Memoria Democrática y las competencias de las administraciones locales en la gestión de su legado urbano. Mientras el Ministerio insiste en que la retirada es un imperativo de dignidad democrática, el Consistorio sostiene que la conservación permitiría una reinterpretación museográfica del conjunto, evitando la eliminación física de un elemento que ha formado parte del paisaje de la capital tinerfeña desde 1966. La resolución definitiva, por tanto, queda ahora supeditada a la resolución de los diversos procedimientos judiciales y administrativos que el Ayuntamiento ha activado para evitar la ejecución de la orden ministerial.