El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife impugnará la orden de retirada del monumento a Franco
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado los trámites para impugnar la orden del Gobierno central de retirar el monumento a Franco, argumentando que su valor artístico permite protegerlo bajo la Ley de Memoria Democrática.
La batalla jurídica en torno al monumento a Franco en Santa Cruz de Tenerife ha entrado en una nueva fase de confrontación institucional. Tal y como ha trascendido este lunes, el consistorio tinerfeño, bajo la dirección de José Manuel Bermúdez, ha iniciado los trámites para impugnar la resolución emitida por la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática, órgano dependiente del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, que instaba a la retirada de la estructura.
El núcleo de la estrategia municipal reside en una interpretación técnica de la Ley de Memoria Democrática. El equipo de gobierno local sostiene que la normativa vigente no impone una eliminación automática de todos los vestigios, sino que permite excepciones cuando concurren valores artísticos o arquitectónicos específicos. Bajo esta premisa, el Ayuntamiento pretende que la Comisión Municipal de Patrimonio Histórico realice una evaluación técnica que, a juicio del regidor, permitiría blindar el monumento frente a la orden ministerial.
Esta maniobra legal plantea un pulso sobre la jerarquía y la interpretación de la norma. Bermúdez ha subrayado que su intención no es eludir el cumplimiento de la ley, sino exigir una aplicación integral de la misma que contemple las salvaguardas patrimoniales previstas en el texto legal. Mientras los servicios jurídicos municipales ultiman el escrito de recurso —que aún no ha sido formalizado ante las instancias correspondientes—, el caso vuelve a poner de manifiesto la complejidad de aplicar políticas de memoria en un contexto donde el patrimonio histórico y la simbología política colisionan.
La controversia no es nueva, pero la decisión de judicializar el proceso marca un punto de inflexión en la gestión de este elemento urbano. La resolución ministerial, que ahora será objeto de litigio, se enfrentará así a una defensa municipal que busca convertir la protección del patrimonio en el eje central de su resistencia administrativa, obligando a los tribunales a dirimir si el valor artístico puede prevalecer sobre el mandato de retirada que emana de la legislación estatal.