Santa Cruz subvenciona con 300 euros a 99 taxistas para instalar mamparas y cámaras de seguridad

Santa Cruz subvenciona con 300 euros a 99 taxistas para instalar mamparas y cámaras de seguridad

Recurso: Diario de Avisos

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha concedido una subvención de 300 euros a 99 taxistas para la instalación de mamparas y sistemas de videovigilancia con el fin de reforzar la seguridad frente a las agresiones.

La seguridad en el transporte público de Santa Cruz de Tenerife da un paso adelante tras la reciente resolución publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, que formaliza la concesión de subvenciones destinadas a la protección de los profesionales del sector. Tal y como recoge la documentación oficial del Ayuntamiento, un total de 99 taxistas de la capital tinerfeña percibirán una ayuda individual de 300 euros para sufragar la implementación de mamparas y sistemas de grabación en sus vehículos, una medida que responde a una demanda histórica del colectivo ante el incremento de incidentes violentos registrados en los últimos años.

El proceso administrativo, gestionado por el área de Movilidad, ha concluido con la adjudicación de cerca de 30.000 euros, una cifra inferior a la partida presupuestaria inicial de 45.000 euros. La diferencia, cifrada en 15.300 euros, ha sido finalmente anulada al no haberse registrado más expedientes susceptibles de ser financiados. La convocatoria, que se hizo pública el pasado 1 de junio, atrajo el interés de 127 profesionales de un censo total de 670 licencias, si bien el filtro de los requisitos técnicos y administrativos —que incluía la obligatoriedad de estar al corriente con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria— dejó fuera a 27 solicitantes, además de una renuncia voluntaria.

La normativa municipal establece un calendario estricto para la justificación de estos fondos, fijando el 31 de marzo de 2027 como fecha límite para presentar las facturas y los comprobantes de pago bancario. Este despliegue tecnológico, sin embargo, conlleva una responsabilidad añadida en materia de privacidad. El Consistorio ha enfatizado que la instalación de cámaras debe ajustarse rigurosamente a la Ley de Protección de Datos. En este sentido, se ha aclarado que la administración local carece de acceso directo a las grabaciones, las cuales solo podrán ser requeridas mediante los cauces judiciales o policiales pertinentes.

Desde una perspectiva técnica, la implementación de estos dispositivos responde a los estándares actuales de videovigilancia en el transporte, que permiten la grabación en bucle con un periodo de retención de datos muy limitado —apenas 24 horas para las imágenes interiores—, garantizando así el equilibrio entre la seguridad del conductor y el derecho a la intimidad de los usuarios. Esta iniciativa no solo busca disuadir posibles agresiones, sino también profesionalizar la seguridad en un servicio esencial, dotando a los taxistas de herramientas que, hasta la fecha, dependían exclusivamente de la inversión privada de cada titular.