Santa Cruz de Tenerife adjudica la construcción de 226 viviendas protegidas en Cuevas Blancas
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha adjudicado a la constructora ASCH la construcción de 226 viviendas de alquiler asequible en Cuevas Blancas, con una inversión de 33,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 30 meses.
La crisis habitacional que atraviesa el archipiélago canario encuentra un nuevo punto de inflexión en Santa Cruz de Tenerife. Tal y como ha informado el consistorio capitalino, la administración local ha formalizado la adjudicación a la constructora ASCH Infraestructuras y Servicios para el levantamiento de 226 unidades residenciales en la zona de Cuevas Blancas. Esta intervención, que cuenta con una dotación presupuestaria de 33,5 millones de euros, se enmarca en un esfuerzo de colaboración interadministrativa que busca mitigar la escasez de oferta pública en el mercado del alquiler.
El proyecto, cuya ejecución se ha fijado en un periodo de 30 meses con un inicio previsto para la época estival, es el resultado de un convenio suscrito entre el Instituto Canario de la Vivienda, el Cabildo insular y el Ayuntamiento. Esta alianza estratégica contempla una inversión global de 41,7 millones de euros —excluyendo costes de urbanización y valor del suelo, que recaen sobre las arcas municipales— para un total de 263 inmuebles, sumando a la promoción de Cuevas Blancas las 37 viviendas proyectadas en María Jiménez.
Desde una perspectiva técnica, la propuesta arquitectónica, diseñada por la UTE conformada por SIC Arquitectura SLP, Miguel Herraiz Gómez y Daniel Bergman Vázquez, optimiza una superficie construida superior a los 29.300 metros cuadrados. El diseño se articula en dos bloques simétricos de ocho plantas, configurados para priorizar la ventilación cruzada y la eficiencia lumínica, integrando 229 plazas de aparcamiento. La distribución interna de los inmuebles, que se destinarán íntegramente al régimen de alquiler, combina unidades de dos y tres dormitorios, buscando un equilibrio entre la densidad habitacional y la habitabilidad.
Esta actuación resulta significativa al evidenciar cómo los ayuntamientos, aun careciendo de competencias directas en materia de vivienda, están asumiendo un rol protagonista ante la presión demográfica y la falta de vivienda asequible. La consolidación de este proyecto no solo responde a una necesidad social urgente, sino que también subraya la complejidad de la gestión urbanística en un entorno donde la colaboración entre instituciones es el único mecanismo capaz de viabilizar promociones de esta envergadura. Con la adjudicación ya resuelta, el foco se traslada ahora a la capacidad de las administraciones para cumplir con los plazos de ejecución y garantizar que estas viviendas protegidas cumplan efectivamente su función social en el distrito Suroeste.