Santa Cruz de Tenerife renovará su ordenanza de movilidad tras 40 años de vigencia
Santa Cruz de Tenerife ha aprobado el borrador de una nueva ordenanza de movilidad que sustituirá al reglamento de 1985 para adaptar la gestión urbana a las necesidades actuales de sostenibilidad y seguridad vial.
La capital tinerfeña se prepara para una transformación normativa de calado en su gestión urbana. Tal y como ha trascendido tras la reciente sesión de la Junta de Gobierno local, Santa Cruz de Tenerife ha dado luz verde al borrador de una nueva ordenanza de Movilidad y Seguridad Vial, un texto que aspira a sustituir el marco regulatorio vigente desde 1985. Esta actualización, cuya entrada en vigor está prevista para los primeros meses de 2027, responde a la obsolescencia de un reglamento que, tras cuatro décadas, resultaba incapaz de dar respuesta a las dinámicas de una ciudad contemporánea.
El proyecto, impulsado por el equipo de gobierno municipal, busca armonizar la normativa local con las exigencias actuales en materia de sostenibilidad, accesibilidad y nuevas tecnologías. La necesidad de este cambio radica en la irrupción de fenómenos que la legislación de los años ochenta no podía prever: desde la proliferación de los vehículos de movilidad personal (VMP) hasta la complejidad logística que supone el reparto de mercancías en el casco urbano, pasando por la implementación de sistemas inteligentes de control de tráfico.
Desde el punto de vista técnico, la propuesta no se limita a una actualización de las normas de circulación, sino que pretende erigirse como un eje vertebrador de la estrategia de movilidad sostenible del municipio. El articulado aborda cuestiones críticas como la ordenación del viario, la gestión de zonas de convivencia modal y el establecimiento de un régimen sancionador y de inspección actualizado. Asimismo, el texto integra mecanismos de evaluación periódica, lo que permitirá a la administración ajustar las políticas públicas a medida que evolucione el comportamiento de los usuarios y las necesidades del entorno urbano.
El proceso de elaboración ha contado con una fase de participación ciudadana, celebrada el pasado mes de febrero, en la que se integraron 43 sugerencias vecinales. No obstante, el camino administrativo para su aprobación definitiva aún requiere de varios hitos: tras el visto bueno de la Junta de Gobierno, el documento deberá superar la aprobación inicial en el Pleno municipal y someterse a un periodo de exposición pública. Durante esta etapa, el Ayuntamiento deberá resolver las alegaciones que se presenten, un paso indispensable para garantizar la seguridad jurídica de una norma que pretende alinear a Santa Cruz con los estándares europeos y autonómicos en materia de protección ambiental y bienestar ciudadano.