Santa Cruz pide al Estado eliminar la obligación de las ZBE

El Ayuntamiento de Santa Cruz se ha opuesto a la obligación del Estado de implementar las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en municipios con más de 50.000 habitantes. Aunque el consistorio ya trabaja en medidas para controlar y restringir el tráfico en el centro y así reducir las emisiones de CO2, el Pleno municipal, a propuesta de Vox y con el apoyo del equipo de gobierno (CC y PP), pero con el rechazo del PSOE, acordó pedir al Gobierno central que elimine el artículo 14.3 de la ley de Cambio Climático. Este artículo exigía que las ZBE estuvieran funcionando en 2023, pero su aplicación se ha retrasado hasta 2026 debido a la complejidad para los ayuntamientos.

El Ayuntamiento argumenta que las ZBE no son una solución adecuada ni realista para ciudades con características urbanas, sociales y económicas propias, como Santa Cruz. Consideran que es una imposición del Gobierno central que no tiene en cuenta las necesidades específicas de cada municipio. Por ello, el consistorio pedirá al Estado que elimine dicho artículo y que reconozca la autonomía de los ayuntamientos para crear sus propios planes de movilidad. Así, Santa Cruz podría aplicar soluciones acordadas, bien justificadas y equilibradas, que cuiden la salud, la economía y el derecho a moverse libremente, en lugar de medidas impuestas de forma general.

Alejandro Gómez, portavoz de Vox, criticó que las ZBE limitan la libertad de los ciudadanos y perjudican a los comerciantes. Según él, es un modelo impuesto desde Bruselas y aplicado en España que restringe la movilidad, afectando a familias y trabajadores al dificultar sus desplazamientos y castigar a quienes no pueden cambiar de coche.

Por su parte, Evelyn Alonso, concejala de Movilidad, explicó que están a favor de una movilidad sostenible, pero no de la imposición del PSOE ni de la amenaza de quitar las ayudas al transporte público si no cumplen. Calificó la normativa de caótica y un fracaso, señalando que, de los nueve municipios canarios obligados a tener ZBE, Santa Cruz es el que más ha avanzado.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, destacó que la ciudad ya ha cumplido con el Pacto de los Alcaldes para reducir las emisiones, con el objetivo de bajar un 30% para 2030. Sin embargo, no están de acuerdo con la obligación de la ZBE y las multas asociadas, por lo que piden al Estado que cambie un artículo que consideran sin sentido y poco realista para Santa Cruz.

La portavoz socialista, Patricia Hernández, criticó el "cambio de opinión" de CC y PP, recordando que ambos partidos apoyaron esta normativa en el Congreso y ahora la rechazan. Atribuyó este cambio a la "pésima gestión" de la concejala de Movilidad, cuyas ordenanzas han sido anuladas por los tribunales. Carlos Tarife, portavoz del PP, defendió que la ley se concibió como una opción, pero el Gobierno de Pedro Sánchez la convirtió en una imposición, lo que ha provocado recursos legales donde se ha aplicado.

En la misma sesión plenaria, donde se aprobaron todas las propuestas, también se dio luz verde a un acuerdo entre el Ayuntamiento, la Autoridad Portuaria, el Cabildo y el Gobierno de Canarias. Este convenio, con una inversión de 80 millones de euros, permitirá construir el edificio Puerto-Ciudad en el Muelle de Enlace, que incluirá una estación para cruceros y ferries, una zona comercial, restaurantes y paseos peatonales en la cubierta.

También se aprobó un acuerdo para construir 263 viviendas sociales en María Jiménez y Cuevas Blancas, con un coste de 41,7 millones de euros. Por unanimidad, se respaldó el convenio entre el Ayuntamiento y el IASS para el servicio de ayuda a domicilio para mayores. Con la abstención del PSOE, se aprobó la integración del IMAS en el Ayuntamiento y la eliminación de la ordenanza para que las guarderías municipales sean gratuitas a partir de enero.

Con motivo del Día Internacional de la Infancia, se aprobó por unanimidad una moción para defender los derechos, protección y bienestar de los niños. También se dio el visto bueno a seguir colaborando con el Cabildo para reducir los riesgos de inundación por lluvias y a impulsar acciones para que el Carnaval sea declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, creando equipos de investigación y una cátedra universitaria sobre su historia.

A petición del PSOE, se modificaron las bases de la iniciativa "Creadores Canarios por el comercio local" de la Sociedad de Desarrollo. El Ayuntamiento se hará cargo de los costes de producción, mantenimiento y montaje de las obras de arte seleccionadas para revitalizar las zonas comerciales de la Rambla y Salamanca.

También se aprobó el calendario de descanso semanal para los taxis en 2026, que asigna 46 días de descanso obligatorio y 47 días de libre elección por cada licencia al año.

El Ayuntamiento aprobó ayer, con el voto en contra de Vox, una moción conjunta de CC, PP y PSOE con motivo del 25-N (Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer) para erradicar la violencia machista. En ella se recordó a las 1.330 víctimas desde 2003. Vox justificó su rechazo diciendo que era una "moción ideológica" que destinaba dinero a acciones que no resuelven el problema. Esto indignó a la concejala del PP, Zaida González, quien, emocionada, nombró a las 38 mujeres asesinadas este año y acusó a Vox de criticar sin proponer soluciones.

Finalmente, una calle de Santa Cruz llevará el nombre de Corina Machado, quien el 10 de diciembre recibirá el Premio Nobel de la Paz por su defensa de los derechos humanos y su contribución a la libertad y la democracia en Venezuela. La propuesta, defendida por el concejal no adscrito Juan Manuel Hermoso, fue aprobada por unanimidad y aplaudida por muchos venezolanos presentes en el pleno. El Ayuntamiento acordó iniciar los trámites para otorgar Distinciones y Honores a la líder política venezolana.