Santa Cruz de Tenerife exige al Gobierno canario una intervención urgente para salvar el antiguo Balneario
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife exige al Gobierno de Canarias una intervención urgente para evitar el colapso estructural del antiguo Balneario y reclama una mayor coordinación interadministrativa para rehabilitar este enclave histórico.
La reciente sesión plenaria del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha puesto de manifiesto una fractura administrativa que amenaza con borrar del mapa uno de los enclaves con mayor carga simbólica de la capital tinerfeña: el antiguo Balneario. Tal y como recoge la información publicada por diversos medios locales sobre el desarrollo de la sesión, la corporación municipal ha cerrado filas para exigir al Gobierno de Canarias, titular de la infraestructura, una intervención inmediata que evite el colapso estructural de un edificio que, a pesar de su valor patrimonial, permanece en una situación de abandono crónico desde su clausura en 1992.
El debate, que trascendió la mera declaración de intenciones, se articuló en torno a la necesidad de constituir una mesa de trabajo interadministrativa —en la que participen el Ejecutivo regional, el Cabildo, la Autoridad Portuaria y el propio Consistorio— para definir el futuro uso de unas instalaciones que, históricamente, funcionaron como centro de ocio y residencia de descanso. La urgencia del apuntalamiento es, a ojos de todos los grupos municipales, el paso previo indispensable para cualquier proyecto de rehabilitación, una demanda que cuenta con el respaldo de la Plataforma en Defensa del Balneario, cuyos representantes han denunciado la ineficacia de las partidas presupuestarias asignadas anteriormente, que no han logrado frenar el deterioro del inmueble.
La complejidad del caso radica, en gran medida, en la ubicación del edificio. Al encontrarse en terrenos portuarios, el inmueble queda fuera de la planificación urbanística municipal ordinaria, lo que ha frustrado intentos previos de reconversión, como la propuesta de destinarlo a fines sanitarios para la población de Anaga, vetada en su momento por la Autoridad Portuaria debido a las servidumbres de la actividad logística. Este bloqueo administrativo subraya la dificultad de gestionar el patrimonio histórico cuando este se encuentra en zonas de dominio público portuario, donde los usos deben ser estrictamente compatibles con la operatividad del puerto.
Más allá de este punto, el pleno abordó otros asuntos de calado para la gestión municipal. Entre ellos, destacó la preocupación por la ejecución de los fondos europeos Next Generation, ante la advertencia de que el horizonte temporal de junio de 2026 resulta insuficiente para completar los proyectos de descarbonización en los que Canarias tiene comprometidos cerca de 300 millones de euros. Asimismo, la sesión sirvió para visibilizar la precariedad en servicios básicos que aún sufren núcleos rurales como El Cresal, donde los vecinos dependen de recursos propios para el suministro de agua y energía, una situación que el equipo de gobierno confía en resolver tras la reciente modificación del Plan Rural de Anaga.
El pleno también formalizó cambios en su composición con la toma de posesión de Heriberta Ángeles Granado y la declaración de incompatibilidad de Eduardo Medina, además de aprobar medidas de estabilidad para el tercer sector y garantizar la continuidad de la Escuela Infantil Anaga. En conjunto, la sesión reflejó una agenda municipal marcada por la urgencia de resolver deudas históricas con el patrimonio y la necesidad de una mayor agilidad en la coordinación entre administraciones para desbloquear infraestructuras vitales.