Urbanismo ordena reformas urgentes en el edificio José Fumero de Santa Cruz de Tenerife por riesgo de desprendimientos
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado a los propietarios del edificio José Fumero la ejecución urgente de obras de rehabilitación y seguridad para frenar el deterioro estructural del inmueble.
La seguridad en el parque inmobiliario de Santa Cruz de Tenerife vuelve a situarse en el foco de la administración local. Tal y como recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) del pasado 13 de agosto, la Gerencia Municipal de Urbanismo ha dictado una resolución de obligado cumplimiento para los titulares del edificio José Fumero, una construcción residencial de los años sesenta ubicada en la confluencia de la Rambla de Santa Cruz y la calle Esperanto. La medida responde a la necesidad de mitigar riesgos derivados del deterioro progresivo de la estructura, un problema que ya motivó un expediente administrativo hace un lustro, el cual fue archivado sin que se materializaran las reformas necesarias.
El requerimiento actual impone un calendario de ejecución extremadamente ajustado, que oscila entre los cinco y los diez días para las distintas intervenciones. Entre las exigencias técnicas destaca el blindaje de las fachadas mediante un sistema de doble malla homologada: una capa interna de trama fina para retener fragmentos de menor tamaño y una externa de mayor calibre para contener escombros de peso considerable. Asimismo, se ha ordenado el apuntalamiento integral de la octava planta y de los elementos estructurales de la cubierta, incluyendo cajas de ascensor y escaleras, con el fin de estabilizar el inmueble, aunque desde el Consistorio subrayan que no existe, por el momento, un peligro inminente de colapso estructural.
La intervención no se limita a la contención de la envolvente. La orden municipal detalla una hoja de ruta que abarca desde la retirada de elementos con riesgo de caída —como persianas, carpinterías, vidrios y aparatos de climatización— hasta el saneamiento de las fachadas y la limpieza de los patios interiores. El plan de seguridad se extiende al perímetro de la parcela, donde se deberán reparar los cerramientos metálicos y gestionar la acumulación de residuos. Incluso el arbolado de la entrada ha sido objeto de atención: el Ayuntamiento ha exigido la poda y el anclaje mediante tirantes de una palmera para prevenir su caída.
Este nuevo procedimiento administrativo marca un punto de inflexión en la gestión del edificio. Ante la inacción previa, el Ayuntamiento ha advertido que el incumplimiento de estos plazos facultará a la administración para imponer hasta diez multas coercitivas. Por ahora, el Consistorio descarta la ejecución subsidiaria, confiando en que la comunidad de propietarios asuma la responsabilidad de las obras bajo la supervisión de un técnico competente. Los titulares disponen de un plazo de diez días para personarse en las oficinas de Urbanismo y conocer los detalles técnicos de una resolución que busca poner fin a años de degradación en uno de los ejes residenciales más emblemáticos de la capital tinerfeña.