Santa Cruz recurre a un procedimiento de urgencia para blindar el «mamotreto» de Añaza
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife recurrirá a un procedimiento de urgencia para sellar el edificio inacabado de Añaza ante la imposibilidad de garantizar su seguridad tras quedar desierta la licitación ordinaria.
La gestión del edificio inacabado de Añaza, conocido popularmente como el «mamotreto», ha vuelto a situarse en el centro del debate político en Santa Cruz de Tenerife tras la reciente confirmación de que el Ayuntamiento recurrirá a un procedimiento de urgencia para blindar la estructura. Según ha trascendido en la última comisión de control municipal, el Consistorio ha optado por esta vía administrativa tras quedar desierta la licitación ordinaria de 113.000 euros, con el fin de impedir el acceso a un inmueble que fue escenario de un suceso mortal el pasado mes de diciembre.
La intervención, que se ejecutará mediante un contrato negociado sin publicidad, contempla el sellado de los puntos de entrada más vulnerables, la retirada de los acopios de tierra que facilitan el acceso a la sexta planta y la clausura de las escaleras desde la base hasta el cuarto nivel. La concejala de Urbanismo, Zaida González, ha defendido la necesidad de estas medidas ante la ineficacia de los vallados perimetrales y la señalización de advertencia, elementos que, según el Ejecutivo local, son objeto constante de actos vandálicos. El debate sobre la seguridad en este punto negro de la capital ha reabierto, a su vez, la herida sobre la dilatada tramitación para su demolición. La complejidad del proceso de expropiación, lastrado por la dificultad de localizar a los múltiples titulares de la propiedad, mantiene el proyecto de derribo en un limbo administrativo que se prolonga desde 2008, supeditando su resolución final a la capacidad de gestión de los próximos mandatos.
Por su parte, la oposición socialista ha cuestionado la efectividad de las medidas paliativas, instando al equipo de gobierno a implementar soluciones tecnológicas, como la videovigilancia, para disuadir a quienes acceden al recinto. Este cruce de reproches se extendió durante la sesión a la gestión de los fondos europeos Next Generation. Mientras que el PSOE ha alertado sobre el riesgo de perder 13 millones de euros de una partida total de 43 millones por falta de ejecución, el responsable de Planificación Estratégica, Carlos Tarife, ha matizado estas cifras. El edil ha señalado que, si bien existen dificultades en el cumplimiento de los plazos, la ejecución actual se sitúa en una ratio de ocho euros invertidos por cada diez recibidos, advirtiendo no obstante que la aprobación de la ordenanza de Movilidad antes del 30 de junio es un requisito estatal crítico para evitar la pérdida de otros once millones adicionales.
La sesión también sirvió para evaluar el impacto de la reciente borrasca Therese, que dejó un balance de 236 incidencias en el municipio entre el 19 y el 31 de marzo. El 39% de estos sucesos se concentraron en el macizo de Anaga, donde los desprendimientos y deslizamientos de laderas obligaron a cortes de tráfico y a la evacuación de ocho personas. Ante la vulnerabilidad orográfica de la zona, el área de Seguridad ha activado contratos de emergencia por valor de un millón de euros destinados a la estabilización de taludes y la rehabilitación de infraestructuras viarias en enclaves como Taganana, Valleseco y el barranco del Regente. Finalmente, el pleno abordó la gestión de las ayudas sociales, donde el Gobierno local desmintió las acusaciones de desatención en la entrega de tarjetas de alimentos, rechazando la existencia de situaciones de carencia alimentaria no cubiertas por los servicios municipales.