Santa Cruz de Tenerife activa la notificación internacional para desbloquear la expropiación y derribo del edificio de Añaza
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado un protocolo de notificación internacional a los propietarios del edificio inacabado de Añaza para completar su expropiación y proceder a su futura demolición.
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado una fase administrativa crítica para desbloquear el futuro del edificio inacabado de Añaza, una estructura que arrastra años de litigios y riesgos de seguridad. Según ha trascendido recientemente, el área de Urbanismo ha diseñado un protocolo de notificación internacional para contactar con los propietarios residentes en Suiza y Alemania, ante la imposibilidad de emplear los mecanismos de publicación edictal habituales en España en dichos territorios.
La estrategia, liderada por la concejala Zaida González, busca blindar jurídicamente el proceso de expropiación mediante la asignación de un identificador único a cada uno de los más de 400 titulares afectados. Este sistema permitirá al Consistorio centralizar en un expediente individualizado cualquier respuesta o incidencia postal —como errores en el domicilio o ausencias del destinatario—, generando así una prueba documental robusta. El objetivo final es acreditar ante el Registro de la Propiedad que la administración ha agotado todas las vías de comunicación posibles, un requisito indispensable para que el Ayuntamiento pueda ostentar la titularidad plena del inmueble y, consecuentemente, proceder a su licitación y posterior demolición.
Este movimiento administrativo se complementará con la publicación de anuncios en el Boletín Oficial del Estado (BOE), cerrando así el círculo legal necesario para culminar la expropiación. La urgencia de esta medida no es solo urbanística, sino también de seguridad pública; el edificio ha sido escenario de accidentes mortales en el pasado debido a su estado de abandono. En este sentido, el Consistorio ya ha dado por concluidas las actuaciones de cerramiento perimetral, que han incluido la eliminación de accesos en la sexta planta, la destrucción de escaleras interiores y la instalación de mallas electrosoldadas para impedir el paso al interior de la infraestructura.
La resolución definitiva sobre el derribo queda, por tanto, supeditada a la culminación de este complejo proceso de notificaciones transnacionales. La administración local subraya que, hasta que no se formalice la inscripción registral a su nombre, no existe margen legal para avanzar hacia la fase de licitación de las obras de derribo, manteniendo el proyecto en una fase de transición administrativa tras haber finalizado las consultas pertinentes con los consulados de los países implicados.