El Ayuntamiento de Santa Cruz ratifica la supresión de aparcamientos en la calle Juan Rumeu García pese a las quejas vecinales

La gestión del espacio público en Santa Cruz de Tenerife vuelve a situarse en el centro del debate urbanístico tras la resolución definitiva del Ayuntamiento sobre la calle Juan Rumeu García. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el conflicto se originó el 17 de febrero de 2025, cuando la administración local ejecutó el pintado de señalización horizontal restrictiva en el tramo comprendido entre las calles Eladio Roca y Salazar y Manuel García Calveras, eliminando de facto 15 plazas de aparcamiento que daban servicio a los residentes de Divina Pastora, Cuesta Piedra y el barrio del Perú.

La medida, calificada por los afectados como una imposición sin diálogo previo, ha afectado directamente a los habitantes de cinco bloques residenciales que aglutinan 180 viviendas, además de diversos locales comerciales. Ante la falta de respuesta inicial del Consistorio a sus reclamaciones formales, los vecinos elevaron el caso a la Diputación del Común. La intervención de la titular del organismo, Dolores Padrón, permitió desbloquear el acceso a la información técnica un año después de la queja inicial, periodo durante el cual el área de Movilidad y el distrito Salud-La Salle han mantenido su postura.

El informe municipal, que cierra la vía administrativa para los vecinos, justifica la supresión basándose en criterios de seguridad vial y fluidez del tráfico. Según la resolución, la configuración actual de la calzada obliga a reducir la capacidad de estacionamiento de 15 a solo 5 plazas. El argumento técnico esgrimido por el Ayuntamiento sostiene que la eliminación de los aparcamientos en línea del margen izquierdo es una condición indispensable para habilitar un radio de giro adecuado para los vehículos que transitan hacia la calle Manuel García Calveras, convirtiendo este tramo en la única salida operativa para el flujo circulatorio de la zona.

Este caso pone de relieve la tensión recurrente en las ciudades españolas entre la optimización de la movilidad urbana y la preservación de los servicios básicos para los residentes. La priorización de la seguridad vial y la reordenación del tráfico, amparada en las competencias municipales de ordenación del territorio, suele colisionar con la pérdida de dotaciones en barrios con alta densidad poblacional, donde la escasez de estacionamiento se traduce a menudo en un deterioro de la calidad de vida cotidiana. La resolución de la Diputación del Común, aunque ha servido para esclarecer los motivos técnicos, confirma la consolidación de una medida que altera permanentemente la fisonomía de estas barriadas tinerfeñas.