El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechaza climatizar los colegios y apuesta por la arquitectura bioclimática
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife rechaza la instalación de climatización en centros escolares, apostando por la arquitectura bioclimática, mientras alcanza consensos en materia de movilidad, formación portuaria y soberanía nacional.
El debate sobre la adaptación de las infraestructuras educativas ante el cambio climático ha marcado la última sesión plenaria en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife. Según ha informado el diario local El Día, la corporación municipal ha rechazado una iniciativa del grupo socialista que instaba a la instalación de sistemas de climatización en los 36 centros escolares del municipio como medida de choque frente a las temperaturas extremas.
La negativa del equipo de gobierno se fundamenta en una discrepancia sobre el modelo de eficiencia energética. Mientras que la oposición, representada por Elena Mateo, ha cuestionado la disparidad de criterios entre las dependencias municipales y las aulas, el responsable de Infraestructuras, Javier Rivero, ha defendido una estrategia basada en la arquitectura bioclimática. Según el edil, el Consistorio se alinea con las directrices del Ministerio para la Transición Ecológica, priorizando intervenciones en la envolvente térmica —como la mejora de carpinterías, cubiertas y vidrios de control solar— frente a la generalización de equipos eléctricos, una postura que, según el gobierno local, ya se está ejecutando en diversos centros educativos.
Más allá de esta controversia, la sesión plenaria permitió alcanzar consensos en otros ámbitos de la gestión municipal. En materia de movilidad y cohesión social, la corporación dio luz verde a la declaración del 23 de julio como Día de la Comunidad Canaria Venezolana, una medida que busca reconocer los lazos históricos y demográficos que unen a la capital tinerfeña con el colectivo de residentes procedentes del país sudamericano.
El Pleno también ratificó otras dos propuestas de carácter estratégico y político. Por un lado, se acordó fomentar la formación profesional vinculada al sector portuario, una iniciativa orientada a mejorar la empleabilidad local en un sector clave para la economía insular. Por otro, se aprobó una moción presentada por el Partido Popular que reafirma la soberanía española sobre las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, un punto que cierra el balance de una jornada marcada por la confrontación en materia de sostenibilidad y la búsqueda de acuerdos en el plano institucional.