La precampaña electoral bloquea la actividad institucional en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife

La precampaña electoral ha irrumpido con virulencia en la dinámica institucional del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, transformando el pleno municipal en un escenario de confrontación política que ha bloqueado la agenda legislativa local. Tal y como recoge la información publicada recientemente, la sesión de ayer evidenció una ruptura en los consensos básicos entre el equipo de gobierno (CC-PP) y los grupos de la oposición, PSOE y Vox, en un contexto marcado por la proximidad de los comicios de mayo.

El clima de hostilidad alcanzó su punto álgido durante el debate sobre las modificaciones presupuestarias, que incluían la aprobación de 26 millones de euros para la amortización de deuda y 2,8 millones destinados a gastos de limpieza y al reintegro de fondos europeos. Estos últimos recursos están vinculados a proyectos de peatonalización en el Mercado Nuestra Señora de África, cuya gestión ha sido objeto de duras críticas. La portavoz socialista, Patricia Hernández, cifró en 400.000 euros los intereses que el Consistorio deberá abonar a Europa por deficiencias en la ejecución de las obras, sumando esta cifra a los 6,3 millones de euros perdidos anteriormente por la cancelación del proyecto del carril bici.

Ante estas acusaciones de ineficacia administrativa, el alcalde, José Manuel Bermúdez, defendió la labor de su ejecutivo, cuestionando a su vez la gestión del Gobierno central y advirtiendo a la oposición sobre las consecuencias electorales de su estrategia de confrontación. La tensión escaló hasta el punto de que la portavoz del PSOE anunció que elevará a la Junta Electoral la actuación del regidor, al considerar que este utiliza su posición institucional para hacer campaña en favor de Coalición Canaria.

Este enfrentamiento personal y político tuvo consecuencias directas en la actividad plenaria. La retirada de la moción sobre la declaración de zonas tensionadas para el alquiler —tras una disputa sobre la participación ciudadana en el debate— y el cambio de sentido de voto del equipo de gobierno en una propuesta sobre quioscos municipales, previamente pactada, ilustran la parálisis operativa. El concejal de Patrimonio, Javier Rivero, justificó esta ruptura de acuerdos como respuesta a las descalificaciones vertidas por la oposición.

Más allá del debate político, la sesión estuvo marcada por una notable precariedad técnica, al sufrir el sistema de audio un fallo que obligó a los concejales a intervenir mediante micrófonos inalámbricos, una circunstancia que, aunque anecdótica, terminó de enturbiar el desarrollo de una jornada en la que la gestión municipal quedó supeditada a la estrategia electoral de los partidos. Este escenario refleja la creciente polarización en las instituciones locales, donde la proximidad de las urnas está dificultando la tramitación de expedientes clave para la ciudad.