Santa Cruz de Tenerife llevará a los tribunales la orden de retirar el monumento a La Victoria
El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha iniciado acciones legales contra la orden del Gobierno central que exige la retirada del monumento a La Victoria en aplicación de la Ley de Memoria Democrática.
La batalla judicial por el monumento a La Victoria en Santa Cruz de Tenerife entra en una fase decisiva. Tal y como ha trascendido recientemente, el Ayuntamiento de la capital tinerfeña ha iniciado los trámites para elevar a los tribunales su disputa con el Gobierno de España, con el fin de paralizar la orden ministerial que exige la retirada de esta pieza escultórica de Juan de Ávalos antes de febrero de 2027.
El conflicto se ha intensificado tras la notificación recibida el pasado 2 de septiembre, en la que el Ejecutivo central desestimó el recurso de alzada presentado por el Consistorio. Esta resolución, emanada de la Dirección General de Promoción de la Memoria Democrática —departamento bajo la órbita de Ángel Víctor Torres—, ratifica la inclusión del conjunto en el catálogo nacional de vestigios vinculados a la dictadura. La administración estatal sostiene que la obra debe ser extraída de la vía pública y trasladada a dependencias municipales, una directriz que el alcalde, José Manuel Bermúdez, se ha negado a acatar.
La estrategia del gobierno local se bifurca ahora en dos frentes. Por un lado, la instrucción firmada por el regidor ha activado a los servicios jurídicos y a las áreas de Cultura y Patrimonio para interponer un recurso contencioso-administrativo. Por otro, el Ayuntamiento explora una vía de protección local: la inclusión de la escultura en el catálogo de bienes patrimoniales de la ciudad. Esta maniobra, que actualmente se encuentra a la espera de informes técnicos por parte de la Gerencia de Urbanismo, busca otorgar al monumento una salvaguarda legal que, según el criterio municipal, debería prevalecer sobre la orden de retirada.
Este pulso administrativo se produce en un contexto de desencuentro institucional. Mientras el Ayuntamiento apela a los supuestos valores artísticos de la obra para justificar su permanencia, el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática mantiene su postura inamovible. El Gobierno central cuenta, además, con el respaldo del Consejo de Patrimonio Cultural de Canarias, que el pasado mes de junio declinó otorgar a la pieza la categoría de Bien de Interés Cultural (BIC), al considerar que no reunía los méritos arquitectónicos o estéticos necesarios para alcanzar dicha protección.
El desenlace de este contencioso no solo determinará el futuro de la obra de Ávalos, sino que pondrá a prueba los límites de la Ley de Memoria Democrática frente a las competencias municipales en materia de patrimonio local. La resolución judicial será, en última instancia, la que defina si el monumento debe ser custodiado en una nave municipal o si, por el contrario, el Ayuntamiento logra blindar su permanencia en la confluencia de la Rambla con la avenida de Anaga.