El PSOE cuestiona la gestión del contrato de limpieza en Santa Cruz de Tenerife ante las dudas sobre su cumplimiento
El PSOE cuestiona en el Pleno de Santa Cruz de Tenerife la eficacia del contrato de limpieza de Valoriza, mientras el Ayuntamiento anuncia una auditoría externa y una futura reestructuración administrativa para optimizar la gestión municipal.
La gestión de los servicios públicos en Santa Cruz de Tenerife ha vuelto a situarse en el epicentro de la confrontación política municipal. Según recoge la información publicada recientemente sobre el último Pleno del Ayuntamiento, la oposición, liderada por el PSOE, ha cuestionado la eficacia del contrato de limpieza viaria vigente, planteando dudas sobre el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa concesionaria, Valoriza.
La portavoz socialista, Patricia Hernández, ha puesto el foco en una supuesta infrautilización de la maquinaria especializada. Basándose en datos sobre el kilometraje recorrido por barredoras y baldeadoras, la formación ha denunciado una brecha significativa entre las previsiones contractuales y la actividad real registrada. Ante estas acusaciones, el equipo de gobierno ha instado a la oposición a canalizar sus sospechas a través de la vía judicial si consideran que existe una irregularidad administrativa o penal, defendiendo la labor de los técnicos municipales.
El concejal de Servicios Públicos, Carlos Tarife, ha reconocido que el actual marco contractual presenta deficiencias, aunque ha atribuido el estado de la limpieza urbana a factores externos como la escasez de precipitaciones y el comportamiento ciudadano, más que a una falta de supervisión. Como respuesta, el Consistorio ha encargado una auditoría externa para rediseñar el próximo pliego, cuya licitación está prevista para noviembre de 2027. Este nuevo contrato contempla un incremento sustancial en la frecuencia de los operativos de limpieza, la ampliación de la plantilla en 230 efectivos y la extensión del sistema de recogida orgánica a todos los distritos.
El debate plenario también abordó otros ejes estratégicos para la capital. En materia urbanística, el Ayuntamiento ha anunciado la externalización de la redacción de un nuevo cronograma para el Plan General de Ordenación (PGO), un documento cuya tramitación se ha prolongado durante ocho años tras la anulación judicial de la versión de 2013. Por otro lado, la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) sigue generando incertidumbre jurídica; la concejalía de Movilidad ha admitido que la normativa se encuentra actualmente bajo litigio en el Tribunal Superior de Justicia, lo que añade un componente de inestabilidad a la hoja de ruta prevista para 2029.
En el ámbito de las infraestructuras básicas, el gobierno local ha minimizado el impacto de las recientes incidencias en el suministro de agua, calificándolas de episodios aislados. No obstante, se ha programado un encuentro con el Colegio de Administradores de Fincas para explorar mecanismos de apoyo económico destinados a comunidades de propietarios con dificultades técnicas en sus instalaciones interiores.
Finalmente, la sesión plenaria ratificó una reestructuración administrativa de calado: la integración del Organismo Autónomo de Cultura en la estructura central del Ayuntamiento a partir de enero de 2027. Esta medida, según el alcalde José Manuel Bermúdez, busca optimizar la coordinación operativa de espacios emblemáticos como el Teatro Guimerá o el Museo de Bellas Artes, bajo un modelo de gestión unificado que pretende ganar en eficiencia administrativa.