Catálogo de Santa Cruz excluye patrimonio portuario por conflicto competencial.
Santa Cruz aprueba un Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales que salvaguarda 787 elementos, aunque excluye bienes portuarios clave por una disputa competencial con la Autoridad Portuaria, pese a recomendar su protección.
La reciente aprobación del Catálogo de Protección de Bienes Patrimoniales Culturales de Santa Cruz, un hito en la salvaguarda del legado histórico y arquitectónico del municipio, ha puesto de manifiesto una compleja disputa competencial en torno a elementos clave del ámbito portuario, según ha podido conocer este medio.
El documento, validado el pasado 3 de febrero, establece un marco de protección para 787 bienes, que abarcan desde edificaciones y arbolado singular hasta espacios urbanos y yacimientos paleontológicos. Este listado inicial busca ofrecer una garantía jurídica frente a futuras intervenciones urbanísticas, sumándose a los 195 inmuebles ya catalogados en el Plan Especial de El Toscal y a otros que se incorporarán en las zonas de Los Hoteles-Pino de Oro y Antiguo Santa Cruz.
Sin embargo, la versión definitiva del Catálogo omite la inclusión de una docena de elementos de alto valor patrimonial situados en la zona portuaria. Estos bienes, que figuraban en una propuesta previa del borrador de 2020 –concretamente en la alternativa ambiental que contemplaba la preservación de volúmenes, alturas, cubiertas y fachadas–, han sido excluidos basándose en un informe de la Autoridad Portuaria. Dicho informe subraya que ninguna otra administración pública posee la potestad para establecer directrices que puedan incidir en los usos o actuaciones dentro de las áreas de competencia estatal o que interfieran con la explotación de la zona de servicios portuarios.
Entre los bienes portuarios que quedan fuera de esta protección municipal se encuentran edificaciones emblemáticas como el castillo de San Juan Bautista, la Casa del Práctico, el almacén Ventoso (antiguo Musa), el silo, las naves carboneras de Valleseco, el edificio de la Autoridad Portuaria, el conjunto de Obras del Puerto en las avenidas Anaga y José Martí, el colegio Miguel Pintor y el Auditorio. A estos se añaden elementos urbanos significativos como la grúa Tritón, cuya desmantelación está prevista para 2025 por parte de Puertos, la Marquesina y la Farola. A pesar de esta exclusión formal, el Catálogo sí formula una recomendación explícita para que estos elementos sean objeto de protección e incorporados en el Plan Especial del Puerto, reconociendo su "gran relevancia histórica y cultural para la ciudad".
La urgencia de estas medidas de salvaguarda se ve acentuada por la constatación de que, en el periodo transcurrido entre la elaboración del borrador de 2020 y la aprobación del documento actual, la ciudad ha perdido doce inmuebles. Estas desapariciones se atribuyen tanto a demoliciones, al carecer de protección vigente, como a derrumbes. Ejemplos de esta pérdida incluyen el edificio colectivo racionalista ubicado entre las calles Galcerán, Miraflores y Ramón y Cajal; el antiguo hotel Coral, en Miraflores; y las viviendas Pérez Soto, en Carmen Monteverde, y Chávez Reyes, en La Rosa, entre otros.
Con los 787 bienes ahora bajo protección, el nuevo Catálogo representa un incremento sustancial respecto a los 113 elementos del catálogo vigente del PGOU de 2005 y los 269 del PGO de 2013, que fue anulado. Esta ampliación confiere una seguridad jurídica esencial a estos inmuebles y elementos urbanos ante futuras operaciones de parcelación, edificación o demolición. En consecuencia, la Gerencia de Urbanismo ha determinado la suspensión, por un periodo de dos años, de la concesión de licencias que puedan afectar a estos bienes, como medida preventiva ante posibles reclamaciones.