En Santa Cruz, aumentará el impuesto sobre la basura: el alcalde culpa al gobierno, los socialistas culpan al ayuntamiento.

En Santa Cruz, aumentará el impuesto sobre la basura: el alcalde culpa al gobierno, los socialistas culpan al ayuntamiento.

Recurso: Diario de Avisos

En Santa Cruz, el ayuntamiento aprobó un aumento del 50% en el impuesto de eliminación de residuos a partir de 2026, lo que provocó controversias entre los partidos sobre la equidad en la distribución de los costos y el fomento de la clasificación de residuos.

En la ciudad de Santa Cruz, los diputados del ayuntamiento votaron a favor de un aumento temporal del impuesto sobre la recogida de basuras. A partir del 1 de enero de 2026, aumentará un 50%. Esto significa que, en lugar de unos 70 euros, los residentes tendrán que pagar entre 105 y 150 euros. La cantidad dependerá del valor de su vivienda, del número de personas que vivan en ella y de si clasifican la basura en contenedores "marrones" especiales.

Aunque el consejero de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, aseguró que esta subida de impuestos fue "impuesta" a todas las ciudades de España por el Gobierno de Pedro Sánchez, los socialistas (PSOE) votaron inesperadamente en contra. Lo mismo hizo el partido Vox, aunque fue su partido a nivel nacional el que inició esta decisión.

La representante del PSOE, Patricia Hernández, explicó que están en contra porque los cambios propuestos "no fomentan la clasificación de residuos como exige la ley, no mejoran nada para la gente y además castigan a quienes no clasifican los residuos". También añadió que los descuentos prometidos del 10% para quienes utilizan los contenedores "marrones" aún no funcionan en algunas zonas de la ciudad.

Hernández subrayó que "el ayuntamiento lo ha calculado todo mal y no hay justicia en la distribución de los costes". En su opinión, "no es lógico que una familia de tres personas pague unos 111 euros y un restaurante con 50 mesas sólo 147 euros". El PSOE cree que "parte de los costes deberían ser cubiertos por los fabricantes de envases y no por los residentes".

El representante de Vox, Alejandro Gómez, también criticó la subida de impuestos, calificándola de "injusta, ideológica y perjudicial para los residentes, empresarios y comercios". Considera que es "un producto del fanatismo climático que no ayuda al medio ambiente, sino que sólo castiga a la gente".

El alcalde de la ciudad, José Manuel Bermúdez, declaró que "el ayuntamiento está categóricamente en contra del nuevo impuesto impuesto por el Gobierno de Sánchez, ya que aumenta la carga financiera sobre los residentes. Es injusto exigir mayores esfuerzos a las familias en un momento en que a muchos ya les resulta difícil sobrevivir. Haré todo lo posible para que todos sepan que el PSOE es el culpable de esta subida, aunque tenga que contárselo personalmente a cada residente".

Bermúdez añadió que "el Gobierno, para cumplir con las exigencias europeas, eligió el camino más fácil y decidió, a pesar de las protestas de 8.000 ciudades de todo el país, que es la gente la que tiene que pagar más. Pero son las ciudades las que deben responder por unas normas mal concebidas que generan desigualdad y descontento".

El consejero de Hacienda, José Alberto Díaz Estébanez, criticó al PSOE por votar en contra de una medida que "impuso su propio partido en el Gobierno de España". Considera que "el rechazo de los socialistas es absurdo, porque tenemos que aplicarlo porque nos obliga el propio PSOE. Pero su representante en el ayuntamiento, Patricia Hernández, inventa excusas absurdas para rechazarlo".

El consejero de Servicios Públicos, Carlos Tarife, calificó de "vergonzoso que aquí el PSOE vote en contra de una medida impuesta por su propio partido a nivel estatal. El Estado debería dar tiempo a las ciudades para adaptarse y proporcionar recursos para que esto afecte menos a la gente".

En la sesión del ayuntamiento también se aprobaron modificaciones de las normas relativas al impuesto sobre bienes inmuebles (IBI) y a la gestión, inspección y recaudación de impuestos. Además, se decidió fusionar el IMAS (Instituto de Asuntos Sociales) con el ayuntamiento para que el dinero llegue directamente a quienes lo necesitan. El PSOE se opuso a esta decisión, acusando a la concejala del ramo, Sharín González, de "destruir el servicio". El alcalde calificó de "mentira" que la fusión del IMAS fuera una exigencia de los trabajadores, ya que "fue la propia concejala quien inició este proceso".