El PGOS de San Miguel de Abona genera conflicto por opacidad.
El nuevo Plan General de Ordenación Supletorio de San Miguel de Abona genera una fuerte polémica política y social, con la oposición y vecinos acusando al gobierno local de falta de transparencia y ocultación de información sobre su entrada en vigor.
La entrada en vigor del Plan General de Ordenación Supletorio (PGOS) de San Miguel de Abona se ha convertido en el epicentro de una disputa política y social en el municipio tinerfeño, con acusaciones de falta de transparencia y ocultación de información. Mientras el grupo de gobierno local, liderado por Coalición Canaria, defiende la legalidad del proceso y la necesidad del nuevo planeamiento, la oposición socialista y vecinos denuncian la inaccesibilidad al documento y la ambigüedad sobre su validez.
Según adelanta el consistorio, el Gobierno de Canarias dio luz verde al PGOS el pasado 30 de diciembre de 2025, un paso que fue posteriormente ratificado por el Pleno municipal con el respaldo de los ediles de CC. El equipo de gobierno local confía en que la publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) se produzca este mismo mes, momento a partir del cual el plan adquiriría plena validez legal, tal como ha sido comunicado por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas.
Sin embargo, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la oposición municipal sostiene que el plan ya se encuentra en vigor, citando anuncios publicados en el BOC el 13 de enero y en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) el 7 de enero. La concejal socialista Carol Correa ha acusado al alcalde, Arturo González, de "mentir y ocultar" el documento a la ciudadanía, señalando que el regidor asistió a la reunión de aprobación en diciembre, un hecho documentado con imágenes en la web municipal y medios de comunicación. Para el Grupo Socialista, esta situación evidencia una "grave falta de transparencia institucional" y una "preocupante ocultación de información relevante".
Vecinos del municipio también han expresado su preocupación, asegurando en un comunicado que no han podido acceder a los planos ni a la documentación esencial del Plan. Esta situación contrasta con la defensa del procedimiento por parte del gobierno municipal, que recuerda que el PGOS, elaborado por la empresa pública Gesplan, ha cumplido "estrictamente" con todos los periodos de información pública, habiendo sido expuesto en dos ocasiones y recibiendo más de mil alegaciones de particulares, además de propuestas de mejora del propio Ayuntamiento.
El alcalde, Arturo González, ha calificado el PGOS como una "herramienta clave" para el desarrollo de San Miguel de Abona, subrayando que el planeamiento vigente data de 1987 y que es "imprescindible" contar con un instrumento actualizado que ordene el crecimiento municipal con garantías y visión de futuro. González ha querido transmitir "tranquilidad" a la población, desmintiendo "informaciones inexactas y malintencionadas" –en una alusión velada al PSOE– y aclarando que el plan "no contempla expropiaciones en ningún caso". Asimismo, ha insistido en que el documento no está en vigor hasta su publicación en el BOC, momento en el que se habilitará una Oficina Técnica Municipal para ofrecer información individualizada a los vecinos.
La controversia pone de manifiesto la importancia de la publicación oficial en los boletines para la seguridad jurídica de los instrumentos urbanísticos, así como el derecho fundamental de los ciudadanos al acceso a la información que afecta directamente a su territorio y propiedades. La tensión se mantiene en San Miguel de Abona a la espera de la publicación definitiva del PGOS y de que se resuelvan las demandas de transparencia por parte de la oposición y la ciudadanía.