Crisis institucional en la Policía Local de San Miguel de Abona tras una gestión judicializada
La inestabilidad en la jefatura de la Policía Local de San Miguel de Abona, marcada por ceses judiciales anulados y denuncias penales entre mandos, ha desencadenado una crisis institucional que compromete la eficacia del cuerpo y supone un importante coste para las arcas municipales.
La inestabilidad en la cúpula de la Policía Local de San Miguel de Abona ha derivado en una crisis institucional que trasciende la gestión administrativa para instalarse en el ámbito judicial y penal. Tal y como ha desvelado recientemente El Día, el cuerpo de seguridad municipal ha encadenado tres jefaturas distintas en apenas un mes, un escenario de incertidumbre que, según la oposición socialista, compromete la eficacia de un servicio público esencial.
El epicentro de este conflicto se sitúa en la decisión adoptada en agosto de 2023 por el concejal de Seguridad Ciudadana, Julián Jesús Martín, quien revocó el nombramiento del subinspector José Domingo Rodríguez Donate, jefe del cuerpo desde 2021. Esta medida, justificada por el edil bajo el argumento de una supuesta falta de necesidad operativa, fue invalidada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La resolución judicial determinó que el cese carecía de la debida motivación, obligando al Consistorio a restituir al funcionario en su puesto y a abonar los salarios de tramitación correspondientes, una cifra que las arcas municipales deberán asumir y que se estima entre los 30.000 y 40.000 euros.
La gestión de esta crisis ha estado marcada por una serie de decisiones controvertidas. Pese a que los servicios jurídicos de Recursos Humanos emitieron informes desfavorables a la revocación, el concejal optó por ignorar estas advertencias mediante decreto. Asimismo, el proceso para cubrir la plaza de forma definitiva fue cancelado en octubre de 2023, a pesar de que los informes técnicos alertaban de que la plantilla apenas cubría el 40% de los efectivos recomendados. El Ayuntamiento, por su parte, ha desvinculado esta sucesión de cambios de una mala praxis política, atribuyéndolos a situaciones de incapacidad temporal del personal y defendiendo su compromiso por optimizar los recursos humanos y materiales.
La tensión interna ha escalado hasta alcanzar la vía penal. El actual responsable del cuerpo ha interpuesto una denuncia ante la Guardia Civil contra su antecesor por una presunta agresión física ocurrida en las dependencias policiales. Este episodio ya cuenta con una sentencia condenatoria en primera instancia, si bien el fallo no es firme y todavía cabe la posibilidad de interponer un recurso de apelación.
Este panorama de litigiosidad y rotación constante ha sido duramente criticado por el portavoz del PSOE, José Carlos Rodríguez, quien ha exigido en el pleno municipal una dirección estable y una gestión rigurosa. La situación pone de relieve las dificultades de los gobiernos locales para gestionar las jefaturas de policía cuando las decisiones administrativas se alejan de los criterios técnicos, derivando en un desgaste económico para el erario público y en una fractura en la jerarquía de los cuerpos de seguridad.