San Miguel de Abona busca sufragar la reparación de sus centros de salud ante la inacción del Servicio Canario de la Salud
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona estudia asumir de forma subsidiaria la reparación de la climatización en sus centros de salud ante la inacción del Servicio Canario de la Salud, que mantiene a pacientes y personal trabajando en condiciones precarias.
La precariedad en las infraestructuras sanitarias de San Miguel de Abona ha alcanzado un punto crítico este verano, con dos de sus centros de salud operando sin sistemas de climatización adecuados, tal y como ha informado Diario de Avisos. Esta deficiencia no solo compromete el confort térmico, sino que pone de manifiesto las dificultades de gestión en la coordinación entre las administraciones locales y el Servicio Canario de la Salud.
En el centro de Guargacho, la problemática se arrastra desde principios de junio, una situación que ha movilizado a la asociación vecinal de la zona, la cual ha iniciado una recogida de firmas para exigir una reparación definitiva tras más de dos meses de inacción. Paralelamente, en el centro de cabecera del municipio, el personal sanitario y los usuarios conviven con una solución improvisada a base de ventiladores industriales que, además de resultar insuficientes para mitigar el calor, generan una contaminación acústica que dificulta el desarrollo normal de la actividad asistencial.
Desde la Gerencia de Atención Primaria de Tenerife se ha reconocido la necesidad de una intervención estructural, comprometiéndose a la instalación de un sistema de climatización centralizada, aunque sin precisar un calendario de ejecución. Como medida de choque, el organismo ha anunciado el reparto de equipos portátiles para aliviar las temperaturas en las dependencias afectadas mientras se materializa la obra mayor.
Ante la lentitud de la respuesta autonómica, el Ayuntamiento de San Miguel de Abona ha adoptado una postura de intervención subsidiaria. Pese a que la competencia en materia de mantenimiento de centros de salud recae sobre la Consejería de Sanidad, el Consistorio ha manifestado su disposición a sufragar la instalación de los equipos necesarios con fondos propios. Actualmente, el gobierno local se encuentra a la espera de un dictamen de sus servicios jurídicos que avale la viabilidad de realizar esta inversión para, posteriormente, reclamar el reembolso a la administración regional. Esta tensión competencial refleja una problemática recurrente en la gestión de servicios públicos básicos, donde la falta de agilidad administrativa acaba repercutiendo directamente en la calidad del servicio que reciben los ciudadanos.