Crisis institucional en San Miguel de Abona tras la aprobación inicial del presupuesto de 2026
El Ayuntamiento de San Miguel de Abona aprueba inicialmente un presupuesto récord de 31,11 millones de euros para 2026 en medio de una crisis institucional provocada por la salida del PSOE, que denuncia una obstrucción deliberada en el proceso de enmiendas.
La aprobación inicial de las cuentas públicas de San Miguel de Abona para 2026, que ascienden a 31,11 millones de euros, ha derivado en una crisis institucional de calado. Tal y como ha trascendido tras la sesión plenaria celebrada este lunes, el trámite presupuestario —el más voluminoso en la historia del municipio, con un incremento del 10,44% respecto al ejercicio anterior— se vio abruptamente interrumpido por la salida del grupo municipal socialista en señal de protesta.
El conflicto tiene su origen en la gestión de los tiempos parlamentarios. El PSOE ha denunciado una obstrucción deliberada al debate de sus propuestas, argumentando que el plazo otorgado para presentar enmiendas resultó materialmente insuficiente. Según la versión de los socialistas, la Comisión Informativa donde se desgranó el documento económico tuvo lugar el 24 de junio a las 10:00 horas, coincidiendo con la fecha límite de registro de alegaciones, lo que a su juicio vació de contenido su capacidad de fiscalización y enmienda. Esta situación ha sido calificada por el portavoz del grupo, José Carlos Rodríguez Rodríguez, como un menoscabo al funcionamiento democrático de la corporación, al no haberse facilitado una prórroga que permitiera el contraste de pareceres.
Desde el equipo de gobierno, encabezado por Arturo González (Coalición Canaria), se defiende la solvencia de un presupuesto diseñado para responder a la expansión demográfica del municipio. El concejal de Hacienda, Antonio Manuel Rodríguez, ha subrayado que el equilibrio financiero se mantiene como eje rector, destinando 15,97 millones de euros —cerca del 43% del total— a servicios públicos, mantenimiento urbano y saneamiento. Asimismo, el área social concentra 3,74 millones de euros, con partidas específicas para ayudas de emergencia (330.000 euros), becas al estudio (335.000 euros) y planes de empleo que prevén la contratación de más de 80 personas.
El documento económico también contempla una inversión inicial de 2,05 millones de euros, cifra que el ejecutivo local espera ver incrementada mediante transferencias de otras administraciones. Entre las actuaciones proyectadas destacan la mejora de infraestructuras en el cementerio, la adquisición de terrenos para aparcamientos en la TF-28 y la modernización de sistemas informáticos. Estas partidas se suman a una cartera de proyectos en tramitación que supera los 14 millones de euros, entre los que figuran el Complejo Deportivo de Llano del Camello (5,28 millones), la reforma del alumbrado en Golf del Sur (1,25 millones) y la cubierta del polideportivo de Guargacho (1,58 millones), además de diversas intervenciones en Las Zocas y Las Chafiras.
La tensión vivida en el pleno pone de manifiesto la dificultad de alcanzar consensos en un contexto de crecimiento acelerado. Mientras el gobierno local insiste en la necesidad de adaptar la estructura municipal a las nuevas demandas ciudadanas —incluyendo un refuerzo del 7,8% en seguridad ciudadana—, la oposición sostiene que la falta de cauces para el debate político compromete la legitimidad del proceso de toma de decisiones en el Ayuntamiento.