Vecinos de San Juan de la Rambla denuncian riesgos de seguridad y falta de accesibilidad en la plaza Rosario Oramas
La Asociación Vecinal del Litoral denuncia al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla por la peligrosidad de los drenajes en la plaza Rosario Oramas, que impiden la accesibilidad y han llevado al colectivo a emprender acciones legales ante la falta de respuesta institucional.
La gestión de los espacios públicos en San Juan de la Rambla se encuentra bajo escrutinio tras las denuncias formuladas por la Asociación Vecinal del Litoral, que ha puesto de manifiesto una preocupante desconexión entre los planes de inversión municipal y el mantenimiento cotidiano de las infraestructuras urbanas. Tal y como recoge la organización vecinal, la plaza Rosario Oramas presenta deficiencias estructurales en sus sistemas de drenaje que, lejos de ser una cuestión estética, han derivado en un problema de seguridad ciudadana.
El núcleo del conflicto reside en el diseño de los 13 imbornales instalados en el recinto, cuya configuración técnica permite que elementos como ruedas de sillas de ruedas, bicicletas o patines queden encajados, provocando incidentes físicos. La situación adquiere una dimensión crítica al localizarse dos de estos puntos de drenaje en la rampa destinada a facilitar el tránsito de personas con movilidad reducida, anulando en la práctica la función de accesibilidad para la que fue concebida.
La cronología de la reclamación refleja una parálisis administrativa que los vecinos califican de negligente. Tras haber formalizado una petición ante el Ayuntamiento el pasado 30 de octubre de 2025 sin obtener respuesta, el colectivo trasladó el expediente al Área de Patrimonio Histórico del Cabildo de Tenerife el 16 de febrero, buscando una mediación ante la falta de interlocución local. Hasta la fecha, ninguna de las dos instituciones ha ofrecido una solución técnica a las demandas vecinales.
Este escenario contrasta con la reciente política de comunicación del Consistorio, que ha publicitado una partida presupuestaria de 570.000 euros destinada a la mejora de la seguridad vial y la eliminación de barreras arquitectónicas. Para los residentes, esta inversión resulta contradictoria cuando elementos básicos de la urbanización, como las rejillas de drenaje, actúan como obstáculos peligrosos para los colectivos más vulnerables.
Ante la ausencia de medidas correctoras, la asociación ha anunciado que emprenderá acciones legales. El colectivo ha puesto a disposición de los afectados su equipo jurídico para canalizar las reclamaciones por daños personales derivados de accidentes en la plaza, advirtiendo que no esperarán a que se produzca un siniestro de mayor gravedad para exigir responsabilidades. La demanda vecinal es clara: una intervención técnica inmediata que garantice la seguridad de los usuarios y la coherencia entre el discurso institucional y la realidad de las infraestructuras públicas.