Investigan al alcalde de San Juan de la Rambla por presuntas irregularidades en la cesión del Mirador del Mazapé
El alcalde de San Juan de la Rambla, Juan Ramos Reyes, ha sido citado a declarar como investigado el próximo 4 de diciembre por presuntas irregularidades en la cesión del Mirador del Mazapé a una asociación de airsoft.
La gestión del patrimonio público en San Juan de la Rambla se encuentra bajo el foco de la justicia. Tal y como ha publicado Diario de Avisos, el Juzgado de Instrucción número 1 de La Orotava ha formalizado la citación como investigado del alcalde, Juan Ramos Reyes, para el próximo 4 de diciembre de 2026. El procedimiento, registrado bajo las diligencias previas 0000073/2026, responde a una denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife que apunta a posibles irregularidades en la cesión de instalaciones municipales.
El núcleo de la investigación se centra en la entrega, el 22 de julio de 2024, de las llaves del Mirador del Mazapé a la Asociación de Airsoft El Atlántico. La magistrada instructora busca determinar si esta cesión se produjo al margen de cualquier procedimiento administrativo reglado, lo que habría derivado en un presunto delito de prevaricación administrativa, agravado por una posible afectación al entorno natural. En el marco de estas pesquisas, el representante de la citada asociación también deberá comparecer ante el juzgado el 3 de noviembre.
La instrucción judicial ha requerido al Ayuntamiento de San Juan de la Rambla la remisión, en un plazo improrrogable de diez días, de toda la documentación técnica y administrativa vinculada al mirador. Se ha solicitado específicamente el informe sobre el régimen jurídico del espacio, el estado de conservación de las instalaciones —incluyendo el impacto de actos vandálicos— y el detalle de las actividades desarrolladas por el colectivo de airsoft. Asimismo, la secretaria municipal deberá certificar si existe un expediente administrativo que avale dicha cesión o, en su defecto, aportar cualquier documento que justifique el uso de las instalaciones.
Paralelamente, el juzgado ha instado a la Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias a emitir un informe técnico exhaustivo. Este documento deberá aclarar el estatus de protección ambiental del Mirador del Mazapé, la delimitación de la zona afectada y, de manera crítica, el impacto que la práctica del airsoft puede haber ejercido sobre este enclave.
La repercusión política de este auto judicial no se ha hecho esperar. El PSOE, personado en la causa, ha elevado el tono contra el equipo de gobierno (CC-SSP-PP), exigiendo la convocatoria de un Pleno extraordinario. La portavoz socialista, Gloria Méndez, ha instado a la corporación local a que el Ayuntamiento se persone como acusación particular, calificando la situación de "escándalo" y denunciando una supuesta estrategia de encubrimiento por parte de los socios de gobierno. Mientras el proceso judicial sigue su curso, las partes personadas disponen de un plazo de tres días para presentar recursos de reforma o cinco para interponer apelaciones, en un caso que pone a prueba la transparencia en la administración de los bienes públicos del municipio.