Vecinos de San Andrés piden convertir la antigua cofradía de pescadores en un museo ante su avanzado deterioro
La asociación vecinal El Pescador solicita a las autoridades rescatar del deterioro la antigua cofradía de San Andrés para convertirla en un museo que preserve la historia pesquera local.
La memoria colectiva de San Andrés se enfrenta a una encrucijada urbanística y patrimonial. Tal y como ha trascendido a través de la asociación vecinal El Pescador, el colectivo ha formalizado una petición ante la Dirección General de Costas y el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para rescatar del deterioro la antigua cofradía de pescadores, situada en el entorno de Las Teresitas, con el propósito de reconvertir sus instalaciones en un museo dedicado a la historia pesquera local.
La propuesta surge en un momento crítico para el inmueble, que presenta un estado de degradación estructural avanzado debido a la falta de conservación y a su exposición directa al medio marino. Esta infraestructura, que durante décadas fue el epicentro de la actividad económica del núcleo, cesó sus funciones tras la disolución de la entidad pesquera decretada por el Ejecutivo autonómico en julio de 2025. Aquella decisión administrativa fue el desenlace de un proceso de declive marcado por la escasez de relevo generacional —al no alcanzarse el umbral mínimo de ocho trabajadores—, el lastre de deudas acumuladas con la Seguridad Social y la Agencia Tributaria, y el cierre posterior del servicio de restauración que operaba en el mismo recinto.
El proyecto vecinal choca, sin embargo, con un complejo entramado de competencias administrativas que ha mantenido el edificio en una suerte de limbo jurídico. Durante una sesión plenaria celebrada el pasado diciembre, la concejalía del distrito de Anaga aclaró que la concesión de 1966, que vincula la gestión de la playa al Consistorio, excluye expresamente la edificación. Según la administración local, la titularidad recae sobre el Ministerio para la Transición Ecológica, al haber pasado el dique a manos de la Dirección General de Costas tras su desafectación del uso portuario.
Mientras el PSOE local ha denunciado la inseguridad y el abandono que rodea al enclave, el equipo de gobierno municipal sostiene que, pese a carecer de competencias directas sobre la estructura, ha trasladado un expediente a las autoridades estatales y autonómicas para intentar desbloquear una solución. La iniciativa de los vecinos busca, en última instancia, evitar que el legado de un pueblo históricamente volcado al mar desaparezca bajo el peso de la burocracia y el olvido físico de una construcción que, tras más de 40 años de historia, se encuentra hoy en una situación de vulnerabilidad extrema.