Vecinos de San Andrés piden a Pedro Sánchez frenar la demolición de la antigua cofradía de pescadores
La asociación vecinal El Pescador ha solicitado la mediación de Pedro Sánchez para paralizar el derribo de la antigua cofradía de San Andrés en Santa Cruz de Tenerife y convertir el inmueble en un centro de interpretación histórica.
La pugna por el futuro de la antigua cofradía de pescadores de San Andrés, en Santa Cruz de Tenerife, ha escalado hasta la Presidencia del Gobierno. Tal y como informó Diario de Avisos el pasado mes de mayo, la Dirección General de Costas mantiene vigente un plan de demolición para este inmueble, situado en las inmediaciones de la playa de Las Teresitas, al considerar que su actual estado de deterioro y abandono justifica su eliminación.
Frente a esta resolución administrativa, la asociación vecinal El Pescador ha emprendido una estrategia de presión política directa. El colectivo ha remitido una misiva a Pedro Sánchez solicitando su mediación para paralizar el derribo y reorientar el destino de la infraestructura. La propuesta de los residentes consiste en rehabilitar el espacio para albergar un centro de interpretación o un museo dedicado a la historia pesquera de la zona, una iniciativa que, a su juicio, permitiría preservar el legado marítimo del barrio frente a la actual degradación, marcada por el vandalismo y la ocupación ilegal.
El conflicto pone de relieve la tensión recurrente entre la gestión del dominio público marítimo-terrestre y la voluntad de las comunidades locales por conservar elementos de su patrimonio etnográfico. Mientras que el Ministerio de Transición Ecológica, a través de Costas, prioriza la recuperación del espacio natural y la eliminación de construcciones obsoletas, los vecinos argumentan que la estructura es técnicamente recuperable.
La campaña de movilización ciudadana, que combina la recogida de firmas presenciales con una petición activa en la plataforma Change.org, ha logrado ya sumar cerca de un millar de apoyos. Marcos Cova, portavoz de la asociación, ha calificado este envío de correspondencia a La Moncloa como una medida de última instancia para evitar que la piqueta ponga fin a la existencia del edificio. A día de hoy, el Ejecutivo central no ha emitido una respuesta formal a la solicitud de los vecinos, quienes han adjuntado documentación gráfica para acreditar el potencial de reconversión del inmueble.