Vecinos de Salamanca denuncian el abandono de vehículos que ocupan plazas de aparcamiento en Santa Cruz de Tenerife
Los vecinos del barrio de Salamanca en Santa Cruz de Tenerife denuncian la inacción municipal ante la presencia de una decena de vehículos abandonados que ocupan plazas de aparcamiento desde hace más de un año.
La gestión del espacio público en Santa Cruz de Tenerife se enfrenta a un desafío de salubridad y ordenamiento urbano que ha puesto en pie de guerra a los residentes del barrio de Salamanca. Tal y como ha informado Diario de Avisos, una decena de turismos permanece inmovilizada en la vía pública desde hace más de doce meses, ocupando plazas de estacionamiento en arterias principales como las calles Prosperidad y Fernando Primo de Rivera. Esta situación, que los vecinos califican de abandono prolongado, ha derivado en problemas de convivencia, incluyendo el uso de uno de estos vehículos como refugio habitacional por parte de terceros.
El deterioro estético y material de los automóviles es evidente, con daños estructurales y en la carrocería que evidencian un largo periodo de inactividad. La preocupación vecinal se agrava al constatar que las inspecciones técnicas obligatorias (ITV) de estas unidades expiraron hace años, concretamente entre 2019 y 2020. A pesar de las reiteradas comunicaciones de los residentes a las autoridades policiales, la percepción ciudadana es de una inacción administrativa que ha cronificado el problema.
Desde el Consistorio, la concejala de Seguridad Ciudadana, Gladis de León, ha defendido la complejidad técnica de los protocolos de retirada. La normativa vigente impone un procedimiento garantista que obliga a la apertura de un expediente administrativo para localizar al titular. En caso de ausencia de respuesta, el proceso exige la publicación oficial en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) antes de autorizar el traslado al depósito municipal y su posterior desguace. Según la edil, este itinerario burocrático suele extenderse más allá de los seis meses, aunque ha avanzado que el Ayuntamiento tiene previsto resolver próximamente los expedientes de medio centenar de vehículos en situación similar en toda la capital.
Este caso pone de relieve las limitaciones de los ayuntamientos para gestionar el parque móvil abandonado, un fenómeno que no solo reduce la oferta de aparcamiento en zonas densamente pobladas, sino que también plantea retos de seguridad vial y salud pública. La tensión entre la necesaria protección de la propiedad privada —que impide la retirada inmediata de un vehículo sin el debido proceso— y la demanda de los vecinos por recuperar el espacio común, sigue siendo uno de los puntos críticos en la administración de las grandes urbes españolas.