Vecinos de Anaga denuncian el incumplimiento de las restricciones de tráfico para autocares turísticos
Los vecinos del Parque Rural de Anaga denuncian el incumplimiento sistemático de las restricciones de circulación para autocares turísticos, cuestionando la eficacia del protocolo de movilidad implementado por el Cabildo de Tenerife.
La gestión del Parque Rural de Anaga vuelve a situarse en el centro de la controversia tras las recientes denuncias vecinales que ponen en entredicho la eficacia de las restricciones de movilidad vigentes. Tal y como recoge la información publicada recientemente, los habitantes de los caseríos de la zona han manifestado su malestar ante la inobservancia sistemática de las normas de circulación diseñadas para el transporte turístico, un escenario que, a juicio de los residentes, ha derivado en una situación de descontrol en el acceso a este espacio protegido.
El conflicto se articula en torno al protocolo de actuación suscrito entre el Cabildo de Tenerife y la Federación de Empresarios de Transportes de Canarias, operativo desde el pasado 15 de mayo de 2025. Este marco regulatorio establecía un sistema de sentido único para los vehículos de transporte discrecional que superen los 12,2 metros de longitud. Bajo esta normativa, los autocares que acceden a través de la vía TF-12, en el tramo de San Andrés hacia Taganana, están obligados a completar su recorrido descendiendo por la vertiente de La Laguna, mientras que aquellos que inician el trayecto en sentido inverso deben abandonar el parque por la zona de Santa Cruz.
La normativa contempla excepciones específicas para los vehículos de la compañía pública Titsa, los servicios destinados a centros educativos y aquellos grupos que cuenten con una autorización expresa, además de los microbuses. Sin embargo, la realidad operativa que denuncian los vecinos, respaldada por material gráfico reciente, evidencia que los vehículos de gran tonelaje continúan transitando por ambos carriles, ignorando las limitaciones de sentido impuestas para mitigar la saturación de las estrechas vías del macizo.
Esta problemática no es aislada, sino que se enmarca en un debate más amplio sobre la capacidad de carga de los espacios naturales protegidos en Canarias y la dificultad de las administraciones para armonizar la actividad económica del sector turístico con la preservación del entorno y la calidad de vida de los residentes. La persistencia de estas infracciones, apenas meses después de la entrada en vigor del acuerdo, plantea interrogantes sobre la capacidad de vigilancia y el régimen sancionador que el Cabildo debería aplicar para garantizar el cumplimiento de un protocolo que, sobre el papel, buscaba ordenar un flujo de visitantes que, en la práctica, sigue operando bajo una aparente falta de supervisión.