Un informe de Cáritas revela que hasta 885 personas viven en exclusión residencial extrema en Arona
Un informe de Cáritas revela que entre 470 y 885 personas viven en situación de exclusión residencial extrema en Arona, evidenciando una profunda brecha social oculta tras el éxito turístico del municipio.
La paradoja de Arona, uno de los motores turísticos más potentes de Canarias, ha quedado al descubierto tras la publicación del informe Las personas en situación de exclusión residencial extrema en el municipio de Arona 2025. El documento, impulsado por el consistorio local y elaborado por Cáritas Diocesana de Tenerife, revela una brecha social profunda que contradice la imagen de prosperidad asociada al sector servicios en el sur de la isla.
El estudio, presentado en el Centro Cultural de Los Cristianos por representantes municipales y de la organización humanitaria, cifra en 307 los individuos identificados en situación de calle entre 2024 y 2025. Sin embargo, el análisis técnico advierte de que esta cifra es solo la punta del iceberg: al contabilizar los asentamientos informales —que incluyen desde cuevas y chabolas hasta caravanas y estructuras a medio construir—, la estimación real oscila entre las 470 y las 885 personas.
Más allá de las cifras, el diagnóstico desmantela prejuicios recurrentes sobre la movilidad de este colectivo. Los datos, obtenidos tras 172 entrevistas en profundidad, indican que la exclusión no es un fenómeno coyuntural ni reciente: más de la mitad de los afectados (52,1%) lleva al menos un año en esta situación, mientras que un 14% sobrevive en la precariedad desde hace un lustro. La composición demográfica también muestra cambios significativos, con una presencia creciente de mujeres (22,1%) y una preocupante duplicación de unidades familiares con menores de edad desde el inicio de 2025.
La dimensión migratoria es un factor determinante en este escenario, ya que casi siete de cada diez personas en situación de sinhogarismo son de origen extranjero, con un 36,2% de ciudadanos extracomunitarios que enfrentan trabas burocráticas añadidas para acceder a recursos básicos. Esta vulnerabilidad se ve agravada por una carencia crítica de servicios esenciales: el 51,2% de los encuestados carece de acceso a agua potable y más de tres cuartas partes (77,7%) no percibe ninguna prestación económica o subsidio.
El informe también arroja luz sobre las causas y consecuencias de esta exclusión. La falta de redes de apoyo familiar y social (48,6%) y los obstáculos administrativos (15,3%) se consolidan como los principales detonantes. En el plano sanitario, el impacto es directo: el 37,8% de los afectados reporta un deterioro de su salud desde que perdieron su vivienda, a lo que se suma una prevalencia de adicciones en el 59,9% de los casos y un 14% de patología dual.
Ante este panorama, Cáritas ha instado a las administraciones a abandonar la pasividad, subrayando que la normalización de condiciones de vida sin electricidad ni agua es inaceptable en un Estado de derecho. Por su parte, el Ayuntamiento de Arona ha comprometido una hoja de ruta coordinada con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno regional. El objetivo, según los responsables del estudio, es transitar de la mera visibilización estadística a una intervención urgente que aplique un enfoque de derechos humanos, perspectiva de género e interseccionalidad para revertir una realidad que, hasta hoy, permanecía oculta tras el brillo del sector turístico.