La Fiscalía pide cinco años de cárcel para un reincidente por tráfico de drogas en Arona

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha acogido esta semana la vista oral contra un hombre acusado de un delito contra la salud pública, un procedimiento en el que la Fiscalía ha ratificado su solicitud de cinco años y tres meses de cárcel. Tal y como recoge la información difundida sobre el caso, el Ministerio Público fundamenta esta petición en la reincidencia del procesado, quien cuenta con tres sentencias condenatorias previas por hechos de naturaleza análoga que totalizan cuatro años y medio de privación de libertad.

El núcleo de la acusación se remonta a una intervención de la Policía Nacional efectuada en mayo de 2024 en la calle Rafael Puig, ubicada en el núcleo turístico de Arona. Según el relato de los agentes que comparecieron en la sala, el operativo permitió interceptar al individuo tras una transacción de estupefacientes con el ocupante de un vehículo. La sustancia intervenida consistió en dos envoltorios de cocaína con un peso conjunto de 0,39 gramos y una pureza del 85,52 %, cuyo valor en el mercado ilícito se estima en 90 euros, a pesar de que la transacción se cerró por un importe de 145 euros.

Durante la sesión, los funcionarios policiales —entre los que se encontraba un agente de paisano— sostuvieron que la identificación del acusado fue inequívoca, al haber presenciado la maniobra desde una distancia de 15 metros. Asimismo, los efectivos vincularon el flujo constante de personas en patinetes eléctricos por el entorno de Playa de las Américas con una operativa habitual de menudeo en este punto de la geografía tinerfeña.

Por su parte, la representación legal del encausado ha mantenido una estrategia de defensa centrada en la negación de los hechos. No obstante, de forma subsidiaria, la letrada ha solicitado al tribunal que, en caso de dictarse una sentencia condenatoria, se apliquen las atenuantes de drogadicción y estado de necesidad. Bajo esta premisa, la defensa ha instado a que la pena impuesta no exceda el año y medio de prisión.

Este caso pone de relieve la complejidad de la lucha contra el tráfico de drogas a pequeña escala en zonas de alta afluencia turística, donde la reincidencia delictiva se convierte en un factor determinante para la calificación jurídica y la posterior graduación de la pena. La resolución final dependerá ahora de la valoración que el tribunal realice sobre la fiabilidad de los testimonios policiales frente a la tesis exculpatoria planteada por la defensa.