Conflicto vecinal en Punta Brava por las obras de saneamiento y la falta de información institucional
Los vecinos de la urbanización Los Frailes, en Puerto de la Cruz, denuncian irregularidades y falta de información en las obras de saneamiento de Punta Brava, mientras la Fundación Telesforo Bravo exige investigar posibles daños ambientales y administrativos.
La ampliación de la infraestructura de saneamiento en Punta Brava, una actuación estratégica presupuestada en 20 millones de euros y con un horizonte de ejecución de 37 meses, ha derivado en un conflicto de convivencia entre las administraciones públicas y los residentes de la urbanización Los Frailes. Tal y como recoge la información publicada recientemente, el malestar vecinal se ha intensificado ante la ausencia de interlocución por parte del Ayuntamiento de Puerto de la Cruz y el Cabildo de Tenerife, cuyas autoridades no han visitado la zona para detallar el alcance de unas obras que impactan directamente en el día a día de un centenar de personas.
El núcleo de la controversia reside en la gestión operativa de los trabajos. Los residentes han documentado una serie de irregularidades que, a su juicio, contravienen las normativas municipales y ambientales vigentes. Entre las quejas recurrentes destaca el incumplimiento de los horarios de inicio de la actividad industrial —fijados por ordenanza a partir de las 08:00 horas, pero que según los afectados se adelantan a las 07:00— y la insuficiencia de los protocolos de mitigación de polvo en suspensión, que se estarían gestionando con medios rudimentarios en lugar de maquinaria especializada, afectando a la salud de personas con patologías respiratorias. A esto se suma la instalación, sin aviso previo, de una infraestructura eléctrica de media tensión en las inmediaciones de zonas residenciales, una medida que ha generado inquietud por la seguridad de los menores que habitan en el entorno.
La falta de una estructura asociativa formal en la urbanización ha dificultado la canalización de estas quejas, obligando a los vecinos a presentar reclamaciones individuales que, hasta la fecha, no han obtenido respuesta institucional. Esta desatención administrativa se ve agravada por las sospechas de infracciones medioambientales de mayor calado. La Fundación Telesforo Bravo ha puesto el foco en la eliminación de flora endémica, concretamente ejemplares de tabaiba, y en el vertido de escombros en un terraplén colindante a la depuradora.
Desde la citada fundación, su director, Jaime Coello, ha cuestionado la legalidad de estas actuaciones, subrayando que en el ámbito del derecho administrativo no tienen cabida las autorizaciones verbales. La organización ha advertido que iniciará un proceso de fiscalización para esclarecer si estas intervenciones en el terreno guardan relación directa con el proyecto de ampliación o si se trata de una ocupación irregular del suelo. Ante la opacidad informativa, la entidad ha anunciado que exigirá la depuración de responsabilidades políticas y técnicas, instando tanto al Consejo Insular de Aguas como al Consistorio portuense a esclarecer el procedimiento y a garantizar que la ejecución de esta obra pública se ajuste estrictamente a la legalidad vigente y al respeto por el entorno.