Puerto de la Cruz cierra dos zonas de Playa Jardín por niveles elevados de contaminación bacteriana
El Ayuntamiento de Puerto de la Cruz ha restringido el baño en dos sectores de Playa Jardín tras detectar niveles elevados de la bacteria Escherichia coli, reavivando el debate sobre las deficiencias en el sistema de saneamiento local.
La gestión de la calidad de las aguas en el litoral de Puerto de la Cruz vuelve a situarse en el centro del debate político y sanitario tras la reciente decisión del consistorio de restringir el acceso al baño en dos sectores de Playa Jardín. Tal y como ha informado Diario de Avisos, la medida afecta tanto a la cala de Punta Brava —conocida localmente como María Jiménez— como al área intermedia denominada El Charcón, extendiendo así las limitaciones que ya se aplicaron en la zona el pasado mes de agosto.
La determinación municipal responde a la detección de niveles de Escherichia coli superiores a las 800 unidades, una cifra que supera el umbral de seguridad recomendado de 500. La disparidad en los informes técnicos ha condicionado la respuesta del gobierno local (PP-ACP-CC): mientras que los análisis de la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias señalaban la necesidad de actuar sobre la playa principal, las pruebas encargadas por el propio Ayuntamiento detectaron la presencia de la bacteria en El Charcón. Ante esta falta de uniformidad en los datos, el alcalde, Leopoldo Afonso, ha optado por un cierre preventivo que, según las previsiones trasladadas a la plataforma vecinal Stop Vertidos, tendría una duración estimada de entre 24 y 72 horas, supeditada a la evolución de los próximos muestreos.
Este episodio pone de relieve la fragilidad de las infraestructuras de saneamiento en el Valle de La Orotava, un problema estructural que ha generado fricciones entre las distintas administraciones. El debate sobre la celeridad en las reparaciones del emisario submarino y la modernización de la depuradora se ha visto enturbiado por interpretaciones contradictorias sobre las competencias administrativas. Aunque desde el ámbito municipal se ha apuntado a una supuesta demora en las autorizaciones estatales de Costas, lo cierto es que el traspaso de estas competencias a la Comunidad Autónoma se formalizó en 2023, lo que sitúa la responsabilidad de la gestión y ejecución de las obras en el Ejecutivo regional.
La recurrencia de estos cierres temporales evidencia la complejidad de un sistema de saneamiento que, según las previsiones municipales, no verá completadas sus actuaciones de mejora hasta el año 2027. Mientras tanto, la administración local se enfrenta al reto de equilibrar la seguridad sanitaria de los usuarios con la imagen de una de las principales zonas turísticas de Tenerife, en un contexto donde la transparencia en la información técnica resulta fundamental para gestionar la preocupación vecinal y el impacto en el sector servicios.